Editorial
Hacia una nueva financiación autonómica
La cumbre de presidentes da paso a una revisión que no será fácil porque Rajoy anuncia que el Estado tiene poco dinero
Cuatro años después de la anterior, la segunda conferencia de presidentes autonómicos que se celebra desde que Mariano Rajoy está en la Moncloa dejó ayer claro que la financiación sigue siendo la (inestable) piedra angular de la arquitectura institucional y territorial de España. Seguramente no hacía falta reunir a los máximos dirigentes autonómicos –con las muy significativas excepciones de los de Catalunya y Euskadi– para saber que la dificultad para pactar el reparto de los fondos públicos entre los distintos niveles de la Administración está en el origen de las tensiones entre comunidades y entre estas y el Gobierno central, pero bien está que se haya puesto encima de la mesa en una cita de estas características, la fórmula a priori más operativa para intentar encontrar vías de acuerdo.
La revisión de la financiación autonómica lleva años de retraso, agravada por el largo periodo de interinidad del 2016. De la reunión de ayer ha surgido el compromiso de que antes de acabar el 2017 habrá una nueva fórmula, pero el propio presidente del Gobierno se encargó de anunciar las dificultades del objetivo cuando advirtió de que la recuperación económica aún se está notando poco en los ingresos del Estado. Una forma de avisar de que la Administración central no está dispuesta a aceptar una merma de sus recursos en beneficio de las autonomías, que reclaman una mayor participación en los márgenes de déficit que la Unión Europea permite al Reino de España. Pero Rajoy tiene a su favor que Bruselas quiere cuanto mayor control del déficit por parte de Madrid, y que España, pese a tener un Gobierno en minoría, le ofrece aparentemente más estabilidad que otros países europeos.
Sea más o menos azaroso el camino hacia una nueva financiación autonómica, ha sido un grave error la ausencia de Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu de la reunión. La estrategia del Govern de aspirar a una relación bilateral con el Gobierno –sin por eso renunciar, no obstante, al objetivo de la independencia– no obligaba a ese desaire, que ninguna simpatía reporta a Catalunya en el resto de España. Puigdemont perdió ayer la oportunidad de explicarse ante los otros presidentes, cuando precisamente el diálogo es lo que se reclama para encontrar una salida al contencioso. En este sentido, seguimos estando donde estábamos.
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