Hablemos de cohesión

La ausencia en la conferencia de presidentes del próximo martes del 'president' Carles Puigdemont, más criticada --por intereses partidistas-- que la del 'lendakari' Íñigo Urkullu--, presagia una cita marcada por la apelación a la «indisoluble unidad de la Nación española» consagrada en el artículo 2 de la Constitución. Pero los presidentes autonómicos y el propio Mariano Rajoy deberían reparar también en los pasajes previos de la Carta Magna. Como su propósito fundacional de «asegurar a todos una digna calidad de vida» (preámbulo). O el compromiso con la «igualdad» como uno de los «valor superiores» de España (artículo 1). Deberían hablar, en suma, de la cohesión social y territorial, condición necesaria --y quién sabe si suficiente-- para preservar la unidad del país.  

Esta cumbre, nacida con un espíritu federal que explica la negativa de Rajoy a convocarla durante cuatro años, está llamada a abrir la periódica discusión sobre la financiación autonómica. El debate pivotará, de nuevo, sobre la aspiración de las comunidades más prósperas, con Catalunya al frente, de reducir su contribución a las autonomías vecinas. Y con la pretensión del resto de conservar, o incluso aumentar, los fondos que reciben de la caja común. Reproches de insolidaridad. Agravios comparativos. Apaños bajo la mesa. Suma cero.

UNA REDISTRIBUCIÓN FALLIDA

El discurso sobre el expolio fiscal que padecería Catalunya, que por hipérbolico caricaturiza una queja no carente de fundamento, ha alimentado a un tiempo la pulsión independentista de una parte de la sociedad catalana y los recelos de las demás autonomías. Lo que sin duda contaminará el debate sobre el modelo de financiación y dificultará el abordaje del verdadero problema del Estado autonómico: su incapacidad, tras 35 años de trayecto, de corregir las desigualdades económicas y sociales entre los diversos territorios de España. 

El chequeo a la España de las autonomías que hoy inicia EL PERIÓDICO, en colaboración con los expertos de Agenda Pública, revela que más de tres décadas de descentralización competencial y financiera no solo no han propiciado la progresiva equiparación entre los territorios más rezagados y los más pujantes, sino que esa brecha se ha acabado ensanchando. Ello se debe a la opacidad y las disfunciones de los sucesivos modelos de financiación, pero no solo. Porque tampoco el papel redistributivo que corresponde al Estado --impuestos, prestaciones sociales, inversiones en infraestructuras, incentivos industriales... --ni las ingentes aportaciones europeas a las zonas más desfavorecidas han servido para cohesionar económicamente a España. La creciente desigualdad territorial y el pozo sin fondo de una fallida redistribución de la riqueza son, quizá, las principales amenazas que afronta el país.

Urge repensar el concepto mismo de la solidaridad a fin de combatir por igual las veleidades rupturistas y los virreinatos clientelares por cuenta ajena. Cada euro destinado a un territorio debería fiscalizarse y tener retorno en términos de progreso y de competitividad.