¿Y si hablamos de ingresos?

Periódicamente asistimos al debate sobre el futuro del sistema público de pensiones y su viabilidad. No es casual y resurge cíclicamente, no solo por exigencias comunitarias sino por el interés de determinados sectores económicos y políticos en dar mayor protagonismo a los sistemas privados y complementarios de pensiones.

Tal como señaló el economista neoliberal Milton Friedman, si se quieren hacer cambios es necesario que se dé una crisis económica real o percibida. Sin embargo, esos cambios pueden focalizarse en el recorte de gastos y prestaciones sociales o en el incremento de ingresos. Adoptar uno u otro enfoque no es neutral.

Las reformas del 2011 y el 2013 se centraron en reducir los gastos del sistema, con lo que la llamada tasa de sustitución de la pensión de jubilación -cantidad que se percibirá en concepto de pensión en relación con el último salario- ha pasado de un 81% a un 74%, sin olvidar que la cuantía media de nuestras pensiones es de las más bajas.

El argumento de la inviabilidad del sistema actual se basa en meras proyecciones de futuro que pueden verse alteradas por diversos factores: movimientos migratorios, incremento de la productividad, disminución del desempleo, etcétera. Con todo, el debate no debe situarse en el diagnóstico sino en el enfoque de las soluciones.

Las propuestas para la mejora del sistema público de pensiones deben provenir del aumento de sus ingresos, que pasa necesariamente por el incremento del empleo y de su calidad, especialmente el de las mujeres y los jóvenes. Así, la política de empleo debe reducir a la mínima expresión la bonificación y reducción de cuotas de la Seguridad Social, medida que se ha demostrado ineficaz para crear empleo y que supone un elevado coste.

En cambio, una mejora sustancial de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo permitiría llevar a cabo más y mejores acciones de orientación y de formación profesional de las personas desempleadas.

El incremento de ingresos de la Seguridad Social debe provenir igualmente de una clara voluntad política en la lucha contra la economía sumergida y la precariedad del empleo, ya que la temporalidad y parcialidad y los bajos salarios tienen un impacto negativo en las cotizaciones.

Junto a lo anterior, deben considerarse otras vías para dotar de más recursos financieros a la Seguridad Social. En un país en el que, por efecto de los topes máximos de cotización de los salarios más altos, el sistema deja de ingresar cantidades importantes, gravando en mayor medida los salarios más bajos, es razonable plantearse la equiparación del impacto de las cotizaciones sobre los salarios y el incremento de esos topes.

También es preciso repensar hasta dónde debe alcanzar la financiación de la Seguridad Social a través de los Presupuestos. Incrementar las aportaciones del Estado para garantizar la viabilidad del sistema no parece una mala solución si se hace mediante un incremento de la presión y un control fiscal, y no así mediante un recorte de otros gastos y servicios públicos.

El instrumento para articular este incremento de ingresos no puede ser otro que el consenso político y social. Por ello, el Pacto de Toledo sigue ofreciendo el marco idóneo para dar cabida a estas y otras propuestas. No es aceptable dilapidar su potencial aplicando reformas unilaterales.

Firma también este artículo Raquel Serrano Olivares, profesora de Derecho del Trabajo de la UB.