Opinión | Editorial
La Guardia Civil, el Parlament y el 3%
La operación policial nada tiene que ver con el 'procés', sino con la investigación por un caso de corrupción
La vida política catalana ha llegado a un punto de ebullición en el que, adaptando la vieja cita, genera más titulares de los que puede consumir. Los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso, y a la convocatoria de un referéndum ilegal le sigue alguna novedad del (pen)último caso de corrupción, y la remodelación del Gobierno casi coincide con la acción del Tribunal de Cuentas a <strong>los impulsores del 9-N</strong>. El último capítulo, sin duda muy impactante mediáticamente, fue la presencia ayer de agentes de la Guardia Civil en el Parlament, la Conselleria de Justícia, el Palau de la Generalitat y el Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
El operativo buscaba información sobre las presuntas adjudicaciones públicas irregulares del 'exconseller' de Justícia Germà Gordó, actual diputado no adscrito del Parlament y exparlamentario de Junts pel Sí. Institucionalmente, el procedimiento estuvo supervisado por el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) y la fiscalía Anticorrupción (el fiscal que instruye el caso, José Grinda, se personó en las instituciones). En el Parlament, la Generalitat y la 'conselleria', los agentes requirieron documentación (agendas electrónicas de Gordó, libros de visita), mientras que en el CTTI efectuaron registros.
La actuación policial, pues, se produjo dentro del marco de investigación de la trama del 3%. No fue un ataque a la dignidad de Catalunya y a sus instituciones por parte del Estado a través de uno de sus brazos más cargados de simbolismo histórico, la Guardia Civil. En estos tiempos en los que tanto se usan conceptos como democracia y legalidad como arma arrojadiza para atizar al rival político en las trincheras del 'procés', cabe recordar que un eficaz trabajo de la justicia y la colaboración con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad también forman parte del sistema democrático.
Conviene no olvidar que a Gordó se le atribuye haber hecho de intermediario con empresas para que la Generalitat les concediera licitaciones a cambio de donaciones a CatDem y Fòrum Barcelona, dos fundaciones vinculadas a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. De eso fue la operación de la Guardia Civil de ayer. Lo demás es sobreactuación y, como se dice en las redes, postureo para azuzar un fantasma –el de la Guardia Civil opresora– que no se corresponde con la realidad.
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