La gran hipocresía de las pensiones

Empieza la campaña del 21-D, Junqueras sigue en la cárcel y el paro subió en noviembre en Catalunya más que en los últimos ocho años. Al mismo tiempo,  la Seguridad Social tiene que pagar este mes -entre la paga ordinaria y la extraordinaria- 17.470 millones de euros a los 8,69 millones de pensionistas españolas, 1,6 catalanes. Tiene dinero para la nómina de diciembre, porque ingresará por cotizaciones 9.687 millones, pero no le alcanza para la extra. El problema se ha solventado en los últimos años con el recurso al Fondo de Reserva, más conocido como la hucha de las pensiones. La gran cuestión es que esa hucha, que llegó a tener 66.815 millones de euros en el 2011, ha menguado hasta quedarse en apenas 8.000 millones, tras destinar 3.500 millones para la paga ordinaria de diciembre. El Gobierno no quiere cargar con el sambenito de dejarla a cero y, por eso, utilizará 4.206 millones de euros del préstamo de 10.192 que Hacienda concedió a la Seguridad Social. En la "hucha" quedarán esos 8.000 millones disponibles para otra ocasión.

La hucha de las pensiones fue creada el año 2000 para ser utilizada cuando la Seguridad Social lo necesitara por falta de ingresos, especialmente en épocas de crisis. El Gobierno ha recurrido a ella cuando ha sido necesario, a pesar de las críticas por hacerlo. La hucha ha servido para lo que fue ideada, porque carece de sentido no recurrir a esos fondos si la Seguridad Social los precisa para pagar las pensiones. Lo ideal hubiera sido no tocarlo, pero ese era su fin como colchón de seguridad. Ahora, el objetivo sería que, con la recuperación económica, la hucha volviera a crecer, pero los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente. El aumento de cotizantes a la Seguridad Social ayuda, pero no es suficiente.

La polémica sobre el uso de la hucha es la última versión de la hipocresía con la que todos los Gobiernos -y las oposiciones de turno, incluidos todos los partidos- abordan el tema de las pensiones desde hace decenios. La comisión parlamentaria que estudia la reforma del Pacto de Toledo solo es el enésimo intento de poner parches a un problema cada vez mayor y que se trampea, con oscurantismo, por la vía de reducir, de forma solapada, las pensiones del futuro. El objetivo es garantizar las pensiones y evitar la quiebra del sistema, pero todas las medidas que se adoptan están orientadas a bajar prestaciones. Es una manera de garantizarlas, pero a un coste social enorme, aunque pase inadvertido, algo que provoca que quede pendiente una solución definitiva y viable.

Las pensiones españolas son homologables a las del resto de países europeos -algunas son incluso superiores a sus equivalentes alemanas-, pero nadie garantiza que mantengan su poder adquisitivo. La situación es complicada, pero hay soluciones. El primer paso consiste en que Gobierno y oposición abandonen tanto su tradicional hipocresía como sus arraigados prejuicios, de izquierdas y de derechas, sobre el asunto. La hucha ha cumplido su función. Ahora hacen falta otras fórmulas que aseguren el poder adquisitivo de las pensiones.