Un Gobierno inconstitucionalista

Ya tiene narices que uno de los argumentos utilizados por el Abogado del Estado para justificar el decreto ley que amparó la amnistía fiscal del 2012 sea "el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria". El mismo principio que se ha utilizado hasta la saciedad para dar cobertura a todo tipo de recortes "necesarios", "imprescindibles" o "inevitables" de servicios y ayudas públicas durante la crisis. Con aquella medida lo que se buscaba era aumentar los ingresos públicos en un momento de penurias económicas, según el Abogado del Estado. El fin justifica los medios, como expone sin disimulo: "Si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, solo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido", defiende la parte estatal, según consta en el fallo del Tribunal Constitucional que se ha cargado ese polémico decreto.

La lectura de las sentencias permite ver las justificaciones de ambas partes. El fallo del Constitucional emitido esta semana que ha calificado de ilegal la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro, y por extensión, del Gobierno de Mariano Rajoy es un ejemplo de cinismo legalista por parte del Estado para justificar lo injustificable. Otro argumento que no tiene pérdida del Abogado del Estado es el que destaca que los defraudadores que se podrán beneficiar de la amnistía son un porcentaje muy pequeño en relación con el conjunto de contribuyentes. Imagínense si aplicásemos este mismo criterio a los asesinos a la hora de perdonarles las penas que les corresponderían, poniéndolos en relación con la cifra total de adultos de un país. Sin llegar a este extremo caricaturesco en la réplica, el Constitucional deja en ridículo con esta contundencia la base de la argumentación del Gobierno: "La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". 

El varapalo del Constitucional al Gobierno por esa amnistía es doble: uno de fondo, por saltarse la Carta Magna al no tratar a todos los ciudadanos con igualdad , y otro de forma, por utilizar la fórmula del decreto-ley para tocar unos de los pilares de los ingresos del Estado.

No es la primera vez que el alto tribunal le toca la cara al Ejecutivo de Rajoy por excederse gobernando por decreto cuando disponía de mayoría absoluta. Pero este Gobierno que no se cansa de presentarse como el máximo defensor de la Carta Magna no duda en saltársela cuándo le conviene, aunque con el tiempo las sentencias lo pongan en su lugar y demuestren que, en realidad, es inconstitucionalista.