Garantizar el derecho a la vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sabadell acaba de conseguir un éxito sin precedentes que se fundamenta en el acuerdo al que llegaron en el mes de julio la Generalitat y la SAREB (conocida como el banco malo) a través del cual esta cedía a la Agència d'Habitatge 600 viviendas para que fueran destinadas a un régimen de alquiler social.

El caso del bloque del número 109 de la calle Sant Ferran de Sabadell (con 40 familias y unos 150 personas que ocuparon el edificio hace un año y medio) se circunscribe en la política llevada a cabo por la Obra Social de la PAH. No solamente se trata de resistir a los desahucios, sino de proporcionar una vivienda digna a quienes se ven privados del derecho elemental a vivir bajo techo, con la filosofía de un modelo de convivencia comunitario y de resistencia solidaria.

Teniendo en cuenta el terrible entorno de crisis, también es cierto que debe plantearse un protocolo estricto que excluya la ocupación indiscriminada y que contribuya a solucionar cuestiones como la del alquiler social. ¿Debe pagarse una cantidad estipulada o un porcentaje mínimo de la renta? La intervención de la Generalitat, gestora no solo del bloque de Sabadell sino de muchos otros edificios vacíos, tiene que enfocarse desde la perspectiva de un control efectivo, admitiendo, por supuesto, que la labor llevada a cabo por las PAH, en cuanto asumen reivindicaciones esenciales de una ciudadanía con evidente riesgo de exclusión, merece el elogio.