La clave
El cuento de la bruja
Juancho Dumall
Ha trabajado en las áreas de Política, Opinión y en la edición del fin de semana.
JUANCHO DUMALL
Lo ocurrido con la administración de loterías La Bruixa d’Or de Sort (comarca del Pallars Sobirà. En castellano, "soberano", por cierto) es sintomático del áspero momento político que vivimos, marcado por la propaganda y la posverdad. El propietario del negocio, Xavier Gabriel, ha anunciado que traslada la sede social de sus empresas fuera de Catalunya. Lo ha hecho después de que varios bulos, extendidos por las redes sociales a la velocidad con la que se quema la mecha hasta llegar al barril de pólvora, amenazaran el normal funcionamiento de su actividad.
Entre tales embustes destaca por su creatividad el de que el conocido lotero es el padre de la diputada catalana de la CUP, Anna Gabriel, quien, en virtud de tal parentesco, sería multimillonaria. Nuca antes una coincidencia de apellidos dio tanto juego. Para completar el cuadro, se decía que el propietario de La Bruixa d’Or es tan secesionista que abre la administración ¡todos los 12 de Octubre! Xavier Gabriel ha tenido que salir a decir que se siente español, que no es independentista y que abre el día de la fiesta nacional española porque trabaja en una localidad turística que, lógicamente, se anima en esas fechas.
Boicots y redes sociales
Este caso ilustra de las consecuencias letales que puede tener la pérfida combinación de los boicots comerciales con el uso sin escrúpulos de las redes sociales. Preparémonos porque vienen tiempos en los que con mucha más intensidad que ahora vamos a ser invitados a sacar nuestros fondos de tal o cual entidad bancaria, a no leer determinados libros o periódicos, a no comprar un modelo de coche por el nombre que le ha puesto el fabricante, a no consumir embutidos o vinos con sospechosa denominación de origen. Un despropósito para la economía y para la convivencia.
Vamos hacia unas elecciones en Catalunya (no se sabe si convocadas por el 'president' Puigdemont o por el Gobierno central tras aplicar el 155) y las consecuencias económicas de la secesión van a centrar el debate. Esperemos que de rebote no lo paguen empresas y trabajadores que simpemente pasaban por allí.
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