Fracaso colectivo

El proyecto de modificación de la negociación colectiva que ayer avanzó el Gobierno y que mañana aprobará el Consejo de Ministros deja la sensación de que, al final de meses de tiras y aflojas, la montaña ha parido un ratón. Dicho de otra forma: tan cierto es que el Gobierno no ha hecho feliz a nadie con la propuesta que ha presentado como que ni la patronal ni los sindicatos han estado a la altura de las circunstancias. Más bien han sido incapaces de dar con un punto de equilibrio, tras llegar a un princicio de acuerdo desautorizado por el ala dura de la patronal, y han dejado la patata caliente al Gobierno, que ha defraudado las expectativas con una reforma que los entendidos coinciden en considerar inútil.

La modificación de la negociación colectiva recoge algunas de las sugerencias recibidas de los sindicatos y de los empresarios. De estos últimos asume la doble pretensión de dar prioridad a los convenios de empresa por encina de los sectoriales y los territoriales, y permite que un 5% del cómputo anual de horas trabajadas pueda distribuirse de forma flexible (la CEOE quería que fuese el 20%). De UGT y CCOO acepta la prórroga automática de los convenios vencidos y el fomento del arbitraje voluntario en las negociaciones bloqueadas (los sindicatos lo querían obligatorio).

Si el propósito del Gobierno con esta reforma era que no hubiera ni vencedores ni vencidos, ha errado el tiro, porque el proyecto queda lejos de contentar a alguien y, con toda seguridad, disgusta a todo el mundo. Con ser esto importante, lo es aún más que el Gobierno se comprometió a legislar, si los agentes sociales no llegaban a un acuerdo, por exigencias de la UE para despertar de su letargo al mercado laboral. Es poco probable que, más allá de las declaraciones oficiales, Bruselas se dé por satisfecha.

Aunque hasta mañana mismo cabe la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo incorpore alguna sugerencia nueva de las partes, es difícil imaginar que una pugna estéril que ha durado meses se desatasque de repente. Los sindicatos temen dar pasos que debiliten los derechos laborales y los empresarios se muestran decididos a mantener la presión después del triunfo conservador en las elecciones del 22-M. Todo aplastantemente lógico si no fuera por el hecho de que, con las tasas de paro actuales y la atonía inversora, solo una reforma en serio del mercado laboral puede crear empleo.