Fiscales vapuleados

PP y PSOE han vivido una semana negra. La imputación de Rita BarberáRita Barberá y la petición de penas para Chaves y Griñán han coincidido dramáticamente en el tiempo. De manera que las recriminaciones cruzadas han vuelto a poner al bipartidismo en la pira del populismo. Lo más curioso es la manera como, para proteger a sus dirigentes, laminan la credibilidad de las instituciones. La inefable Celia Villalobos, para intentar apartar a Rajoy del marrón valenciano, sugirió a la exalcaldesa de Valencia que renunciase "a toda leche" a su acta de senadora para evitar toparse con el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido como acusador. Con igual soltura, dirigentes socialistas han recriminado al fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas que haya hecho públicas sus calificaciones en el caso de los 'ERE' cuando más convenía al PP, es decir, cuando hervía el caso Barberá. No será un discurso muy diferente al que hará el lunes el independentismo catalán cuando acompañe a Francesc Homs a declarar en el Supremo. 

La fiscalía es un órgano jerárquico cuya cúpula nombra discrecionalmente el Gobierno, pero tiene como principal misión defender el Estado de derecho. A los partidos les gusta más la primera característica que la segunda, especialmente cuando las decisiones de los fiscales les son desfavorables y evidencian que sus intereses no son, al parecer, que se haga justicia, sino pura y simplemente mantenerse en pie e intentar ganar las elecciones como sea. Pero el daño que hacen es inmenso. Escuchándolos solo nos queda consignar que saben de lo que hablan. Es decir que el PP sabe quien nombró a Conde Pumpido y el PSOE quien puso a Salinas donde está. Y actúan en consecuencia porque saben cómo los nombraron y que relaciones cruzadas mantienen con ellos. Es este cruce de acusaciones el que genera la sensación general de impunidad que ha impulsado el fin del bipartidismo a manos del partido de los tertulianos y del partido de los politólogos. Nos precipitamos hacia una confrontación política en la que los ciudadanos deberán elegir entre ingobernabilidad o impunidad. Y no es descartable que se queden en casa que es donde hay que estar en Navidad.