La fiscala que gritó puta

En el 2011, con 22 años, una estudiante madrileña y sus amigas organizaron una protesta en la capilla en la Complutense de Madrid para exigir que la universidad pública no acogiera centros de culto. En sujetador y megáfono en mano, las jóvenes corearon consignas feministas y profirieron insultos contra la jerarquía católica. La chiquillada, en aquel momento, quedó en nada.

Cinco años después, aquella joven universitaria, ahora militante de Podemos y portavoz del  Ayuntamiento de Madrid, se sentaba en el banquillo de los acusados a resultas de una querella interpuesta por el partido de extrema derecha Alternativa Española y asociaciones ultras como el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. 

El arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, recibió el pasado febrero a Rita Maestre y aceptó sus disculpas por el asalto a la capilla complutense. “A veces a una edad determinada todos hacemos cosas que después descubrimos que no deberían hacerse así.” De nada sirvió la indulgencia eclesiástica: la concejala podemista fue condenada a pagar una multa de 4.320 euros por “ofender los sentimientos religiosos”.

En respuesta al recurso en el que Maestre solicita la revocación de la condena, la fiscala Marisa Morando  ha hecho gala de una 'fina ironía': “Es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras, o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el Altar, espacio sagrado para los Católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios, implica un ánimo evidente de ofender.” El escrito, más catequístico que jurídico, impone sus cánones sobre el “saber estar”, equiparando pecado a delito.

Transición incompleta

Pese al revuelo organizado, el fiscal jefe de Madrid, Javier Polo, ha bendecido las expresiones de su subordinada, de lo que cabe inferir, a juicio del ministerio público, que las injurias a la concejala se inscriben en el ejercicio de una libertad de expresión que no permite, sin embargo, protestas pacíficas contra la Iglesia. Mientras en la justicia española pervivan rescoldos del nacionalcatolicismo, la transición democrática no se habrá completado.