La imposición de la máxima condena posible en Noruega al ultraderechista Anders Behring Breivik --21 años prorrogables en prisión-- por el asesinato de 77 personas el verano pasado en Oslo y Utoya era la deseada, paradójicamente, tanto por las víctimas y sus familiares como por el propio verdugo. La matanza del 2011, la mayor tragedia nacional noruega desde la segunda guerra mundial, despertó al país escandinavo de su inocencia. Próspera en lo económico, equilibrada en lo social, progresista en lo político, la nación que concede el Premio Nobel de la Paz se vio de otra manera en el espejo cuando uno de los suyos, un noruego «de pura cepa» (en expresión de la policía), un chico «normal» (según algunos vecinos), dio rienda suelta a su odio racista el 22 de julio del año pasado y con bombas y fusiles combatió, según él, «la invasión islámica» que estaba sufriendo su país «con la complicidad del Gobierno». Pocos meses después del horror, los noruegos castigaron en las elecciones locales al xenófobo Partido del Progreso, en el que había militado Breivik, que, aun así, sigue siendo la segunda fuerza del Parlamento de Oslo. La justicia noruega ha exhibido más eficiencia que otros países europeos y, en poco más de un año, ha reafirmado la intransigencia que las democracias deben mostrar frente a los liberticidas. Cabe esperar ahora que la policía haya aprendido la lección y, una vez ha sustituido a su principal comisario, controle mejor a los fanáticos de toda índole.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 25 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)