El final de Spanair

La aerolínea Spanair, una de las pocas compañías del sector en Europa con mayoría de capital público en su accionariado, dejó de volar anoche víctima de la crisis y de sus problemas para encontrar un socio que aportara más dinero. Sería fácil decir que se trata de la historia de una muerte anunciada habida cuenta de que en los últimos tres años ha acumulado unas pérdidas multimillonarias: 185 millones en el 2009, otros 116 en el 2010 y, previsiblemente, 70 en el 2011. Pero lo que ha ocurrido con esta compañía es más complicado.

Siendo como era una aerolínea competitiva, pero con problemas, algunos prohombres catalanes vieron en lo que era una filial de SAS la oportunidad de disponer de una compañía que velara por los intereses del país en cuanto a su conectividad aérea. El resultado es que en plena crisis económica, en el 2009, la Administración catalana entró por diversas vías en el accionariado de Spanair hasta hacerse con el 80% de sus acciones. Poco después sus gestores comprobaron que de la misma forma que cambiar su nombre por Barcelona Airways -uno de los barajados- era un disparate, una política comercial que no persiguiera únicamente el beneficio también lo era.

La estrategia consistía en poner en orden la cuenta de explotación, objetivo que no se ha conseguido, entre otras cosas por la difícil coyuntura económica, por el precio de los carburantes y por la encarnizada competencia de las compañías de bajo coste. El segundo paso era venderla a Lufthansa con la esperanza de que la compañía alemana montara un nudo de comunicaciones -hub- en El Prat, frente al que Iberia estaba estableciendo en Barajas.

No se han dado ninguna de las dos condiciones, lo que dejó a Spanair y a sus accionistas en una situación difícil. De ahí la presencia de la Administración catalana en la misión que visitó a los propietarios de Qatar Airways para tratar de convencerles de que aportaran 150 millones a cambio del 49% de las acciones. Esa operación también ha fallado. Y las ayudas públicas, en plena etapa de recortes, y tras el préstamo de 25 millones aportado el año pasado por la Fira, ya no podían continuar. El paso atrás de la Administración equivalía necesariamente al desmoronamiento de la compañía.