Federalismo y derecho a decidir

MIQUEL ICETA

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El "derecho a decidir", entendido como figura jurídica reconocida en el Derecho internacional, no existe. No hay ningún tribunal ante el cual reclamar el ejercicio de este derecho. El "derecho a decidir" busca hacer prevalecer el principio democrático en los casos en que el "derecho de autodeterminación", este sí reconocido internacionalmente, no es aplicable según los criterios establecidos por Naciones Unidas.

Habitualmente se utiliza la expresión "derecho a decidir" como sinónimo de "referendo sobre la independencia", como si la única decisión posible sobre las relaciones entre Catalunya y el resto de España fuera la de separarse o seguir juntos, como si no hubiera otras posibilidades de relación. Desde mi punto de vista, es obvio que pronunciarse en referendo sobre una reforma estatutaria o constitucional sería también una forma de ejercer el "derecho a decidir".

Negociación y pacto

En todo caso, para que la ciudadanía de Catalunya pueda pronunciarse sobre el futuro de las relaciones entre Catalunya y el resto de España tan solo hay un camino: el camino de la negociación y el pacto entre las instituciones catalanas y españolas.

En efecto, el sentido común y el hecho de que España es un Estado de derecho, miembro de la Unión Europea, que reconoce la existencia de nacionalidades y el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas, obliga a descartar cualquier decisión unilateral o ilegal. Baste con recordar la reciente respuesta oficial de la Casa Blanca a la "petición de apoyo al pueblo de Cataluña en su esfuerzo de decidir su propio futuro" que cito literalmente: "Estados Unidos reconoce la cultura única y las tradiciones de la región catalana, pero considera que el estatus de Catalunya es una cuestión interna española. Estamos seguros de que el Gobierno y el pueblo español resolverán esta cuestión de acuerdo con sus leyes y Constitución".

Por eso es tan importante que el Parlament de Catalunya aprobara el miércoles con 104 votos favorables, una resolución presentada por Pere Navarro (y que antes había sido presentada en el Congreso de los Diputados por CiU) que decía: "El Parlament de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a iniciar un diálogo con el Gobierno del Estado, para posibilitar la celebración de una consulta a la ciudadanía catalana para decidir sobre su futuro".

Camino largo y difícil

Siendo largo y difícil, este es el único camino para poder ejercer el derecho a decidir, un camino radicalmente diferente al señalado por la declaración unilateral de soberanía también aprobada por el Parlament pero con menos apoyo, que decía: "El pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". No se puede iniciar una negociación prefigurando el resultado de una decisión que corresponde exclusivamente a la ciudadanía. Confío en que nadie caerá en el error de abandonar el camino de la legalidad, el diálogo y la negociación, porque esto haría del todo inviable el ejercicio del derecho a decidir. Sería una gran irresponsabilidad.

La principal responsabilidad de los federalistas es la de seguir trabajando para lograr nuestro objetivo político que no es otro que el de hacer de España un Estado federal a través de la correspondiente reforma constitucional que, llegado el momento, tendrá que ser sometida a referendo de los ciudadanos de Catalunya y de toda España. Este reto es el que merece la máxima dedicación y compromiso, porque en mi opinión la independencia no es la mejor manera de servir los intereses de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es el federalismo, la unión en libertad, el proyecto que mejor garantiza nuestro presente y nuestro futuro colectivos.