La factura de la pitada de la Copa
Al Ministerio del Interior le corresponde ahora actuar con espíritu garantista de los derechos en disputa
Dos meses después de la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic, y de la polémica político-deportiva suscitada por la atronadora pitada al himno de España, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto unas sanciones desiguales para los dos clubs finalistas, la Federación Española de Fútbol (organizadora del partido) y las entidades que impulsaron la protesta. Contra estas últimas han recaído las sanciones más elevadas al ser consideradas instigadoras de la pitada. Si llaman la atención las elevadas multas que se les solicita a estas organizaciones, extrañan las peticiones de castigo a los dos clubs. El Barça y el Athletic intentaron en todo momento sofocar el incendio que se anunciaba y sus altos representantes reclamaron a sus aficiones que se comportaran con el máximo respeto a los símbolos nacionales. Al Barça se le atribuye «responsabilidades en la organización y desarrollo del dispositivo de seguridad» -cuando en realidad el Camp Nou fue un estadio neutral- y al Athletic, «inacción y falta de colaboración». Tampoco se les ha tenido en cuenta los llamamientos apaciguadores previos de sus máximos representantes deportivos.
Se trata solo de una propuesta de sanción. Será el Ministerio del Interior quien decidirá y a quien, por lo tanto, le corresponde actuar con espíritu garantista de los derechos en disputa y fundamentalmente del de la libertad de expresión y de la proporcionalidad.
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