La falta de entendimiento cuando la seguridad anda de por medio no es un buen indicador. La extraordinaria nota sacada por Barcelona en cuanto a seguridad durante la cumbre celebrada esta semana por el Banco Central Europeo ha quedado empañada por la mala sintonía entre el Ministerio del Interior y la Conselleria d'Interior de la Generalitat, discrepancias que ya empeoraron durante los preparativos de esta cita internacional.

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 05 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Barcelona y España se jugaban mucho en la imagen que de la ciudad se iba a ofrecer al mundo en ese encuentro, que de ninguna manera podía asemejarse a la de las horas finales de la huelga general del 29 de marzo. Ante el temor a una repetición de aquellos incidentes, se extremaron las medidas preventivas, concretadas en una notable presencia de las fuerzas de seguridad. Solo la cumbre de la Unión Europea en Barcelona en el 2002, tras los atentados del 11-S y los disturbios de Génova del 2001, concentraron una cifra más alta que los 8.000 policías (4.500 de ellos, mossos) de estos días.

Los ciudadanos pueden preguntarse por la necesidad de esta magnitud preventiva y por su coste, del que se conoce solo la parte que concierne al Govern. Hay que celebrar que nada sucediera durante la cumbre, normalidad que quizá se habría dado también con un menor despliegue. La Generalitat opina que sí, que con los Mossos habría bastado para afrontar una jornada en la que no emergió ninguno de los desmanes temidos. Tal vez la maniobra disuasoria de una gran visibilidad de las fuerzas policiales, así como el recurso incluso a francotiradores y varios helicópteros -para proteger al fin y al cabo a una veintena de personas-, se antoja excesiva. Pero el intercambio de acusaciones sobre quién llamó a quién y quién manda sobre quién al que se han entregado las dos administraciones puede arrojar dudas sobre la eficacia de futuras acciones conjuntas y sembrar desconcierto entre los ciudadanos. Si bien es cierto que la Administración del Estado debe respetar las competencias de Catalunya en materia de seguridad, el intercambio de información y la buena relación entre los departamentos ahora enzarzados en polémica son vitales para todos. En el interés general está que den muestras de madurez política y se entiendan.