Los hechos ocurridos el lunes en Valencia son un ejemplo de cómo una actuación desproporcionada puede conseguir el efecto contrario del que pretendía. Las cargas de la policía contra unos 300 estudiantes, la mayoría adolescentes menores de edad, del instituto Lluís Vives, que protestaban por los recortes educativos y por anteriores actuaciones policiales, se han convertido en un problema político para el Ministerio del Interior y para el Gobierno.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 22 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Las manifestaciones, que acabaron con 26 detenidos, cinco de ellos menores, se extendieron ayer a otros puntos de España, además de reproducirse en Valencia en dimensiones desconocidas hasta ahora. Y no son solo la oposición política o los estudiantes los que denuncian la desproporción en la actuación de la policía. Cuando el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admite «algunos excesos y algunas actuaciones desproporcionadas» de la policía, y hasta el PP valenciano lamenta las acciones de las fuerzas de orden público, no basta con abrir un «expediente informativo», como ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, que está en el ojo del huracán como primera responsable de las fuerzas de seguridad en la zona. Sánchez de León, que ya se distinguió negativamente como consellera de Francisco Camps, debería presentar su dimisión o ser destituida. Lo mismo cabe decir del jefe de la policía, Antonio Moreno, que tachó de «enemigos» a los jóvenes manifestantes. Una expresión que el ministro califica de «desafortunada» y que, para ser consecuente, debe acabar con el cese del mando policial.

En la era de las redes sociales, un suceso como el de Valencia puede convertirse en protagonista y tener una gran repercusión en la prensa internacional, como ha ocurrido ahora. De ahí que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como otros dirigentes del PP destaquen los perjuicios que lo ocurrido puede acarrear a la imagen de España. Pero lo sucedido en Valencia debería también alertar al Gobierno en otro sentido: en plena crisis, y ante posibles brotes de conflictividad social, la actuación de las fuerzas de seguridad ha de ser especialmente cuidadosa para no agravar las consecuencias de los conflictos.