El examen de integración

La pasada semana supimos que el Ministerio de Justicia se propone establecer un examen de integración para los residentes extranjeros que quieran acceder a la nacionalidad española. No es algo muy novedoso: estaba en el programa del PP y exámenes de ese tipo rigen en varios países de nuestro entorno europeo; pero conviene que discernamos si se trata realmente de una medida de integración o más bien de todo lo contrario. Este tipo de medidas (exámenes de integración, contratos de integración¿) comenzaron a implementarse en otros países europeos hace poco más de una década, y casi siempre vinieron de la mano de la presencia de partidos políticos de extrema derecha en los gobiernos o en las mayorías gubernamentales.

EL PRIMERO en establecer el contrato de integración fue Austria, en el 2002, y se trató de una imposición del ultraderechistaHaider para entrar a formar parte del Gobierno (su partido estuvo en la coalición gubernamental entre el 2000 y el 2007). En Holanda, el xenófoboPim Fortunyformó parte del Gobierno en el 2002 y el 2003, y fue en este segundo año en el que se legisló su propuesta de examen de integración. En Dinamarca, el partido antiinmigración (Partido Popular) formó parte de la mayoría de Gobierno entre el 2001 y el 2010, y su proyecto de examen de integración se planteó en el 2002 y rige desde el 2006. En Francia, el contrato de integración se introdujo en el 2007, en un contexto en el que la derecha gobernante pugnaba por atraerse al electorado de extrema derecha que votaba al Frente Nacional. Lo cierto es que el examen de integración ha prosperado en muchos países europeos cuando los partidos antiinmigración han adquirido influencia en los gobiernos o le han disputado el liderazgo a la derecha conservadora.

En realidad, el examen de integración no es una medida integradora. De entrada, es discriminatoria porque somete a los residentes extranjeros a la exigencia de unos conocimientos que pueden no tener muchos nacionales (distintas oenegés de los países en los que rigen esos exámenes han afirmado que muchas de las preguntas que contienen no las sabría contestar buena parte de la población autóctona); además, señala a los residentes extranjeros como sospechosos de no querer ser parte integral de la sociedad en la que viven: han de pasar una prueba para demostrarnos lo contrario. Por otra parte, establece un concepto de integración basado en la asimilación cultural: no basta con que esté activo en el mercado laboral, pague sus impuestos, lleve a sus hijos al colegio, tenga sus documentos en regla, lleve residiendo en España el número de años exigido, no haya sido penado por ningún delito¿, no basta con todo eso. Ha de demostrarnos que ha adquirido cultura española (algo que nadie estaría en condiciones de definir con seriedad), o sabe historia de España (desconocemos si más o menos de la que muchos españoles), o ha asumido los valores de nuestra sociedad (tampoco sabemos si la corrupción, la evasión de impuestos o los desahucios de familias forman parte de estos valores).

No es una medida de integración. Es un palo más en la rueda de la integración, una zancadilla más de las muchas que se les ponen a las personas inmigradas que tratan de asentarse en nuestra sociedad. El acceso a la nacionalidad es la condición necesaria para que estas personas acaben de equiparse en derechos con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, puesto que la residencia de larga duración no los acaba de equiparar. Esta autorización de residencia no es tan permanente como se predica (se extingue por estar fuera de España más de 12 meses), no permite el acceso al derecho de voto y conlleva restricciones para todo aquello en lo que figure la exigencia de ser español (determinados empleos, por ejemplo); de ahí que el acceso a la nacionalidad sea una opción deseada por quienes ya se han instalado de forma estable en nuestro país. Facilitarla sí es una medida de integración.

PERO SEGUIMOS inmersos en un grave error de partida: nos preguntamos si los inmigrantes se integran o no, si quieren integrarse o no, cuando la pregunta importante es si nuestra sociedad es o no integradora. Ahora que ya apenas recibimos inmigración, lo que deberíamos plantearnos es asentar en condiciones de igualdad a la población extranjera recibida en las décadas anteriores. Ello implica, por ejemplo, desarrollar una política y una legislación antidiscriminatoria que en España está muy por debajo de las que rigen en otros países europeos. O reformar la normativa de acceso a la nacionalidad, pero en una dirección distinta a la propuesta por el Ministerio de Justicia: para reducir el actual plazo exigido de 10 años de residencia legal a cinco.