El estatus del castellano

No me gustaría adelantarme a los acontecimientos. Pero no me gusta nada de nada que un puñado de juristas nos preparen un borrador de Constitución catalana. ¿Con qué derecho? ¿Con qué pautas emanadas de los representantes del pueblo? Bas les pattes! El demos primero, el resto después. Por último, los juristas. Si alguna excepción tuviera que haber, sería para los poetas. Las normas básicas de convivencia nos las damos los ciudadanos después de un debate ideológico y político, no jurídico. Burlarse de este principio elemental debería ser delito, sobre todo de soberbia, con excepcional y ejemplar aplicación retroactiva.

Una vez desfogado, y abierta la caja de los truenos, quizá no es del todo inútil una consideración sobre el estatus que habría de tener el castellano en una hipotética Catalunya con plenos y absolutos poderes sobre la cuestión, exactamente como los estados. ¿Habría que decidir, en este caso, entre la oficialidad exclusiva del catalán y la cooficialidad de castellano y catalán? (Por cierto, que ni un solo argumento jurídico ayudaría nadie a decantarse).

Me parece que se podría encontrar una solución satisfactoria para la gran mayoría y conveniente para todos, a la catalana, que consistiría en declarar el catalán lengua oficial y el castellano, lengua cooficial. La primacía sería de rango, pero el castellano no quedaría relegado. Todo el mundo lo tendría que saber y quien quisiera usarlo, lo podría hacer en exclusiva. Salvo en los servicios que tendrían que ser prestados en los dos idiomas, o sea, en la práctica, que podrías ser juzgado en catalán o castellano según eligieras o pedir un cafè amb llet sin que el camarero te invitara a traducirte.

En la enseñanza obligatoria, en consecuencia y por coherencia, tres asignaturas de literatura: catalana, castellana y universal, además de lecturas de los clásicos catalanes y castellanos... Los lectores, si no son juristas, pueden ensanchar tanto como deseen la casuística de aplicación.