Está pasando en Barcelona

Durante años hemos asistido a una combinación letal para el derecho a la vivienda. Por un lado, una legislación hipotecaria y de arrendamientos urbanos -impulsada por PP, PSOE y CiU- hecha a medida de bancos y lobis, contraria al derecho europeo, abusiva, generadora de sufrimiento humano. Por otro, un ciclo de crecimiento económico orientado por el capital financiero y con predominio de prácticas especulativas. Sí, mercantilización de un bien básico y dinámica de burbuja.

En este doble contexto, el derecho a una vivienda digna ha sido vulnerado en España, en Catalunya y en Barcelona. Las políticas públicas han sido inexistentes (durante los 23 años de gobierno de Pujol, por ejemplo) o no han llegado a desplegarse como dimensión básica del Estado del bienestar. A partir del colapso inmobiliario, del inmoral rescate de los bancos con dinero del pueblo y de los recortes sociales, el drama humano de los desahucios es cotidiano. La lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la solidaridad vecinal logran detener miles de ellos y arrancar, una a una, daciones en pago y acuerdos de alquiler asequible.

Barcelona no ha sido una isla dentro de la burbuja. Pero hubo elementos diferenciales. Por un lado, la apuesta por un modelo económico diversificado hizo posible que la construcción no jugara un papel central en el patrón de crecimiento. Por otra parte, desde el gobierno municipal pusimos en marcha políticas activas de inclusión residencial, articuladas algunas de ellas en aspectos relevantes de la ley catalana del derecho a la vivienda. Políticas con límites y errores, e insuficientes, sin duda; pero expresión también de un compromiso político que hoy se ha dañado.

En el 2003 entregamos las primeras viviendas públicas para jóvenes y las primeras viviendas con servicios para personas mayores (en el 2011 sumaban más de 3.000); en el 2005 se inició el programa de viviendas de inclusión (en el 2011 había más de 1.000 plazas en la red); el Plan Municipal de Vivienda 2008-2016 puso fin al régimen de venta en la promoción pública y estableció un 50% de protección oficial en los nuevos planeamientos; en el 2009 se desplegó la red de oficinas de vivienda en todos los distritos y se amplió a toda la ciudad la Mesa de Viviendas de Emergencia que ya funcionaba en Ciutat Vella. Este núcleo de acción se vinculó también al desarrollo de mecanismos preventivos del riesgo de pérdida de vivienda (el programa de alquiler justo, la expansión de las rentas mínimas). Finalmente, en marzo del 2011 el pleno municipal aprobó la exigencia democrática de incorporar la dación en pago al marco normativo estatal.

No dice la verdad, pues, el gobierno de Xavier Trias cuando afirma que no se han hecho en Barcelona políticas sociales de vivienda. Y omite deliberadamente que CiU rechazó tanto la ley como el Plan Municipal de Vivienda por considerarlos demasiado intervencionistas; que CiU nunca apoyó la dación en pago y fue, en cambio, la gran impulsora del desahucio exprés en el Congreso. Trias y su teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, saben bien que su partido forma parte de la guardia pretoriana de los intereses de los más fuertes y actúa en consecuencia: impulsando leyes a medida en Madrid, desmantelando la renta mínima en Catalunya, renunciando a frenar los desahucios en los barrios de Barcelona.

En Ciutat Meridiana, Prosperitat, el Besòs, la Marina... los bancos rescatados con el dinero del expolio social siguen desahuciando a familias humildes. En toda Barcelona mantienen miles de pisos vacíos. Abuso y voracidad sin límite. Y el gobierno municipal, ni conoce lo que pasa, ni actúa para evitarlo, ni reacciona cuando la gente se queda sin casa.

Es injustificable que Trias no haya plantado cara a los bancos con los que opera el Ayuntamiento para que dejen de desahuciar; o que en tres años solo haya logrado la cesión de 12 pisos vacíos; o que aún no se haya impuesto ninguna multa a las entidades financieras. Ningún resultado en la prevención y políticas reactivas excluyentes. El nuevo reglamento de la Mesa de Viviendas de Emergencia levanta barreras de acceso, está pensado para dar cobertura legal a la desatención de los más débiles. La Síndica lo ha expresado nítidamente: hay que anularlo y restablecer la normativa preexistente, y elaborar nuevas pautas de carácter inclusivo y con implicación ciudadana. Vives ya le ha respondido que no lo harán.

Hoy es la ciudadanía, por medio de la PAH y el movimiento vecinal, quien está construyendo, a pie de calle, redes de humanidad, trincheras de fraternidad contra cada desahucio, espirales de empoderamiento contra el silencio. Las camisetas verdes que desprecia Vives son portadoras de lucha y de esperanza; de mucha dignidad. Con ellas la vergüenza cambia de bando. Está pasando en Barcelona.