No en esta legislatura

La integración de Catalunya en el Estado no ha sido nunca fácil. No lo fue en la Monarquía de los Austrias o en la de los Borbones, y tampoco lo ha sido en la España constitucional, liberal o democrática. Catalunya ha sido un problema permanentemente constituyente en nuestra historia. El proceso constituyente de 1978 ha sido la ocasión en que hemos estado más próximos a tener una solución. El bloque de la constitucionalidad, integrado por la Constitución y el Estatuto de autonomía, ha operado durante más de 30 años con el respaldo de una mayoría muy amplia tanto en Catalunya como en el resto de España. Durante estos 30 años largos pareció que el problema estaba resuelto. Con tensiones y necesidades de ajustes, pero resuelto.

Desde la sentencia 37/2010, mediante la cual el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de autonomía, los ciudadanos de Catalunya, a través del ejercicio del derecho de manifestación o del derecho de sufragio, han puesto de manifiesto que ya no consideran como propio el bloque de la constitucionalidad de los últimos tres decenios. La manifestación de la semana posterior a la sentencia del TC y las de las diadas celebradas desde entonces así como los resultados de las diversas elecciones y de todos los estudios de opinión, permiten afirmar sin ningún género de duda que la fórmula constitucional-estatutaria carece de legitimidad en Catalunya. Sigue siendo la legalidad vigente, pero carece en Catalunya de la legitimidad democrática que únicamente puede proporcionar la aprobación ciudadana. Y cada día que pasa más, como acabamos de ver con la fórmula ensayada este año para la celebración de la Diada.

A lo que estamos asistiendo, pues, en las relaciones entre Catalunya y España es a la tensión clásica entre legalidad y legitimidad; esto es, a la tensión que está presente en todo proceso constituyente. El Gobierno de España se atrinchera en la legalidad, en la Constitución. El Govern de Catalunya lo hace en la legitimidad que acreditan las manifestaciones, los últimos procesos electorales y todos los estudios de opinión.

El intercambio de misivas entre Mariano Rajoy y Artur Mas lo ha puesto de manifiesto con toda claridad. Mientras el presidente de la Generalitat pide entablar conversaciones, con la finalidad de que pueda convocarse un referendo a través del cual se confirmaría la presencia o no del nuevo principio de legitimidad, el presidente del Gobierno responde que la convocatoria de un tal referendo no es posible porque la Constitución no lo permite. Mientras el debate se mantenga en estos términos no hay respuesta posible. El diálogo entre las dos partes no puede ser un diálogo, sino la sucesión de dos monólogos paralelos que no pueden encontrarse nunca.

Me temo que en el futuro inmediato no vamos a poder salir de este laberinto. Y por futuro inmediato entiendo lo que queda de legislatura. Ni el presidente de la Generalitat puede renunciar a la convocatoria del referendo en el 2014, ni el presidente del Gobierno puede aceptar la convocatoria del mismo. Pues ninguno de ellos tiene autoridad para poder hacerlo. Menos Mariano Rajoy que Artur Mas, ya que este último tal vez podría intentar sustituir el referendo por unas elecciones plebiscitarias, pero Mariano Rajoy no dispone siquiera de esa baza. Sería su propio partido el que se rebelaría en el caso de que el presidente del Gobierno se dispusiera a transitar esa vía. La mayoría parlamentaria de la que dispone le permite subir los impuestos a pesar de que dijo que no lo haría, hacer una reforma laboral con medidas que dijo que nunca adoptaría, bajar las pensiones que prometió que nunca bajaría y muchas cosas más. La mayoría parlamentaria popular puede estar más o menos descontenta, pero no se rompe.

Con una negociación con el Govern para pactar la convocatoria de un referendo, la mayoría parlamentaria se fragmentaría con seguridad o, lo que a estos efectos es lo mismo, pondría en marcha un proceso para defenestrar al presidente y sustituirlo por otro. En lo que queda de legislatura Mariano Rajoy carece de margen de maniobra para hacer frente al problema que la exigencia de convocatoria del referendo le plantea. No es que no quiera, que evidentemente no quiere. Es que no puede. Mariano Rajoy carece de autoridad en el interior del PP para enfrentarse con un problema de esta naturaleza.

En algún momento se tendrá que abrir una negociación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat para pactar los términos de la convocatoria del referendo, porque tampoco parece posible que ningún candidato a president de la Generalitat pueda aceptar la no convocatoria. Pero esto no va a ocurrir en esta legislatura.