España y la inseguridad jurídica

E scribo desde Bolivia. Es esta una tierra de contrastes entre el subsuelo con riquezas naturales a un altiplano cercano del cielo. Es mi cuarta vez aquí, siempre a nivel docente-académico, donde he podido conocer la etapa previa aEvoy la instauración de un nuevo modelo de Estado. Una de las características del sistema y del estilo de gobernar acá es el populismo y la no consolidación de pautas claras sobre el futuro del país. Hay abundantes decisiones cambiantes, tanto por el dinamismo, como por la poca seriedad y, especialmente, por la manera de gobernar de Moralesque dirige no ya un partido tradicional sino un autodenominado Movimiento. Tanto movimiento hay que los cambios de criterio son muy intensos.

ESTE PAÍS andino y otros con modelos parecidos son criticados algunas veces desde España cuando sus autoridades toman decisiones que perjudican a los intereses económicos de empresas españolas muy importantes que operan aquí. Para defenderlas, se invoca la «seguridad jurídica». Se considera que esas decisiones repentinas cambian unilateral y repentinamente las reglas por las que aquellas venían desde hace tiempo obteniendo notables ganancias aquí. No voy a justificar esas actuaciones pues casi siempre, más que un reparto más equitativo de la riqueza, son improvisaciones para ocultar a veces desgastes internos acentuados, puro populismo y poco más (aunque luego acaban renegociando). Pero mientras nuestras autoridades defienden con ardor, con el argumento expresado, a importantísimas empresas en el exterior, su actuación en este año y medio está afectando constantemente, en cambio, a la seguridad jurídica de los españolitos en su vida cotidiana en nuestro país.

La clase media, vertebradora de una sociedad, y sectores más vulnerables, están siendo muy afectados por una forma de ejercer el gobierno que toma decisiones que se suceden vertiginosamente, se superponen, a veces se contradicen y siempre responden a una ausencia de criterio coherente. Pero, sobre todo, porque van acompañadas de una inaudita incertidumbre que más allá de la expectación y el temor de cada viernes con lo que depare el Consejo de Ministros, están creando una grieta muy grave en nuestro modelo jurídico constitucional. En este hay una serie de principios básicos como el de seguridad jurídica no solo predicable sino también especialmente exigible de un Estado que se califica como Estado de derecho.

La crisis económica del país es un hecho (a veces una excusa) que está propiciando multitud de medidas que, además de revelarse desgraciadamente como ineficaces (¡qué desvergüenza apelar a la paciencia o a la falsa esperanza con más de seis millones de parados!), quebrantan ese principio y otros. Durante muchos años, incluso siendo más pobres que ahora, España dio una serie de avances que fueron conquistas sociales que ahora se resquebrajan. Pero aún siendo un gran retroceso social, es también pavorosa la forma en que se adoptan. Son numerosos los colectivos sociales muy expuestos y afectados por las decisiones que de repente se anuncian y que adquieren vigencia ya. Funcionarios, pensionistas (actuales y futuros), trabajadores en activo, usuarios de la sanidad pública, profesionales sanitarios, personas dependientes, docentes, demandantes en la administración de justicia son algunos de los particularmente afectados por lo que eufemísticamente llaman reformas y que son recortes.

ESTOS SE producen de un día para otro. Sin conocimiento previo de los afectados, ni mínima participación, sin proceso de reflexión, sin debate político, sin informes de órganos consultivos, sin intervención del Parlamento, sin intentar en ningún caso llegar a un mínimo consenso. Sin cabeza pero con mucha desfachatez y vértigo. Tenemos agrietada una democracia que parece equivocadamente entendida en el sentido de que una mayoría de votos permite a hacer a los ocupantes (ellos se creen propietarios) del poder lo que quieran, sin limites ni materiales ni formales.

Frente a ello, hay que seguir exclamando en voz alta (frente al silencio de intelectuales que callan para no ser perjudicados) que no es así. Que la democracia tiene sus fronteras y que estas no se deben traspasar. Que hay ámbitos, especialmente en derechos sociales, en los que no se puede retroceder tan fácil ni alegremente y sin explorar otras alternativas. Que no se puede exponer constantemente a los ciudadanos a tantos interrogantes inquietantes sobre su vida. Que las incertidumbres que todo lo invaden no pueden ser admisibles. Bien está que se defienda fuera para las empresas españolas que puedan seguir ganando buenos beneficios, pero ojalá aplicasen esa mínima seguridad jurídica para tratarnos a los ciudadanos.