España federal o plurinacional

Quien contraste los programas electorales de las dos fuerzas que se disputan el liderazgo de la izquierda el próximo 26-J encontrará enormes diferencias. Sucede en muchos ámbitos, pero hay uno particularmente central en el debate político de estos últimos años: la organización territorial. El PSOE hace una apuesta definida por una reforma federal como fórmula para fortalecer simultáneamente "la unidad del Estado, la autonomía territorial, la convergencia y el compromiso con la UE, así como la igualdad básica de toda la ciudadanía en sus condiciones de vida". Se puede reprochar a los socialistas que hayan tardado demasiado tiempo en llegar al federalismo, pero no que sus propuestas estén ahora vacías de contenido. Si bien las declaraciones de algunos de sus dirigentes (incluyendo los del PSC) pueden a veces ser confusas, el programa recoge las líneas básicas de una reforma constitucional que el PSOE desarrolló en un extenso documento aprobado en Granada (2013). En cambio, por el lado de Unidos Podemos no hay forma de saber cuál es el modelo de organización territorial que defiende. Lo único que afirma es que tiene que producirse un "reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España".

La plurinacionalidad que enarbola Pablo Iglesias no está definida ni delimitada territorialmente. Y, sin embargo, tiene enormes consecuencias. La principal es la capacidad que dispondrían todos los gobiernos autonómicos para celebrar consultas sobre su encaje territorial, "cuando una mayoría de los ciudadanos lo pida con intensidad", se afirma. Eso es de una vaguedad enorme. No se aclara hasta dónde llegaría ese derecho a revisar el encaje territorial. No sabemos si se está hablando de la potestad que ya tienen los parlamentos autonómicos de iniciar la reforma de sus estatutos o de otra cosa; por ejemplo, de que podrían culminar unilateralmente cualquier decisión. Tampoco quién determinaría la intensidad de una demanda ciudadana sobre esta materia. Para el caso de Catalunya existe un desarrollo algo más específico a partir del socorrido derecho a decidir.

La propuesta de Unidos Podemos consiste en convocar un referéndum al amparo del artículo 92 de la Constitución para que los catalanes decidan "qué tipo de relación desean establecer con el resto de España". Se sobreentiende que se trataría de una consulta de autodeterminación, aunque en realidad eso no se dice en ningún sitio. A partir de ahí, nada se aclara sobre cuestiones tan relevantes como: qué mayoría se necesitaría para legitimar una decisión tan grave, quién definiría la pregunta, o si se modificaría la Constitución antes o después. En definitiva, un enunciado vacío que refleja el oportunismo de su discurso.

Sorprende que una fuerza que postula un concepto tan gaseoso como plurinacionalidad, pero que al mismo tiempo defiende la unidad, no diga qué modelo sería el más adecuado para gestionar tanta diversidad. Solo balbucea algo cuando habla de financiación autonómica. Sobre Catalunya tampoco aclara cuál sería la alternativa a la secesión. El problema de fondo es que para Unidos Podemos el federalismo no existe. Tras años de intensos debates sobre la reforma constitucional, en torno a la que existe un consenso académico bastante maduro, la fuerza que encabeza Iglesias es incapaz de decir nada serio en su catálogo Ikea. Únicamente propone que el futuro cambio constitucional sea el resultado de "un debate ciudadano" para modificar todos los marcos definidos en el texto de 1978. Posteriormente, afirma, se convocaría un "referéndum consultivo" para iniciar ese proceso. Se trata de una propuesta tan inmadura como inquietante a la vista de los buenos resultados que le auguran las encuestas.

El federalismo es una cultura política arraigada en la izquierda y un modelo que cuenta con muchísimos ejemplos hoy en el mundo para organizar la democracia, el reparto del poder y la convivencia. Decepciona que Unidos Podemos prefiera refugiarse en la metafísica de la plurinacionalidad y en un concepto antijurídico como el derecho a decidir. Ni Suiza ni Canadá, por citar dos casos paradigmáticos, en sus constituciones federales se definen como estados multinacionales. La Confederación Helvética es tan indisoluble como España, y Canadá no reconoce el derecho a la secesión de Quebec. Como afirma el diplomático Juan Claudio de Ramón, evitemos meternos en el jardín de las naciones. España es un Estado social y democrático de derecho, cuya principal singularidad es el plurilingüismo. A diferencia de las vaporosas identidades nacionales, la riqueza lingüística es tangible y, sin duda, la principal complejidad que debería gestionar el federalismo desde el respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Esta es la cuestión de fondo. Un debate que, por desgracia, está ausente en la campaña electoral.