España y el cierre de las nucleares

El bloqueo de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y la posible moratoria en el cierre de la central nuclear de Garoña obligan al Gobierno y al Congreso de los Diputados a reabrir el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Todo apunta a que la mayoría del Parlamento se inclinará por una solución a la alemana, es decir, por el cierre progresivo a medida que las centrales en funcionamiento lleguen a los 40 años que les aseguran las actuales concesiones. Se conjugaría así el rechazo mayoritario a este tipo de instalaciones con las obligaciones adquiridas previamente por el Estado. La energía nuclear en España llegó por la puerta de atrás de la dictadura y en la mayoría de los casos lo hizo sin el consenso social indispensable en este tipo de instalaciones. Los sucesivos accidentes e incidentes no han hecho otra cosa que estimular el rechazo social. El camino del cierre paulatino parece pues la senda más sensata. Con todo, este debate no puede deslindarse del que se planteó la semana pasada en torno al precio de la electricidad en España. El cierre de las centrales nucleares significará una mayor dependencia energética del mercado exterior y de algunas fuentes como el gas, cuyo precio oscila de manera mucho más abrupta. Este calendario de cierre debería acompañarse, por tanto, de una apuesta más clara y decidida por las energías renovables, de manera que se limitase su impacto sobre el precio que paga el consumidor.