Poco tardó el ministro del Interior, preguntado por el presunto error de la policía científica en el caso de los niños de Córdoba, en recurrir al refranero para disculpar al servicio implicado: «El mejor escriba hace un borrón». Corregida días después por la destitución de una forense, no dejaba de sorprender tanta premura exculpatoria. «Se trata de aclarar los hechos, no de depurar responsabilidades», dijo Jorge Fernández. Y uno se pregunta: ¿y por qué no?; ¿acaso no debiera tratarse, justamente, de ambas cosas? Daba la impresión de que, para el ministro, una vez dilucidado lo que ocurrió, lo de exigir responsabilidades se le antojaba como ceder a una exagerada pulsión vindicativa. El episodio permite una reflexión más de fondo: ¿son suficientes la buena intención y la observancia del procedimiento para olvidar el alcance de la responsabilidad en la producción de un resultado inaceptable? Una respuesta afirmativa entroncaría con una cultura de la transigencia que en nada favorece la rendición de cuentas de quienes realizan tareas de carácter público.

LEONARD BEARD

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 11 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 08 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

LA REFLEXIÓN podría tomar un vuelo más amplio. Hablamos, probablemente, de valores y pautas de comprensión de la realidad que no se dan solo en los gobiernos y sus organizaciones, sino que son característicos de nuestra cultura social. En su Diálogo en torno a la República, Norberto Bobbio y Maurizio Viroli consideran propia de los italianos una cierta falta de firmeza ante conductas reprobables que se traduce, creen, en una «tendencia a transigir, perdonar, amnistiar, absolver y olvidar». A mi juicio, el análisis resulta perfectamente aplicable al entorno español. También aquí la exigencia de responsabilidad se halla atenuada por tradiciones de una excesiva tolerancia. Si no quisiéramos ir más lejos, la contumacia con la que algunos convictos de corrupción ven normalizada su presencia ante la opinión pública, siguen lucrándose en los medios e incluso son reelegidos para ocupar cargos institucionales bastaría para demostrarlo. Recuerdo alguna reflexión académica sobre la falta de equivalencia en castellano de la palabra inglesa accountability, que para ser traducida necesita un rodeo («exigencia de responsabilidad y rendición de cuentas» podría ser el significado más aproximado).

Da la impresión de que la lengua no ha echado en falta un término más preciso para expresar un compendio de prácticas tan en desuso entre nosotros. Ahora bien, creo que donde se manifiesta en mayor medida, en nuestro entorno, esta laxitud es a la hora de evaluar resultados y responsabilizar por ellos, para bien o para mal, a sus causantes. En el territorio de lo público, esta carencia resulta muy evidente. Centrado el debate político en «relatos» más o menos teñidos de ideología o retórica, el impacto de lo realizado y su eficacia en costes permanece en el limbo de la oscuridad impune. Los gobiernos elaboran y presentan numerosos planes y definen metas cuyo seguimiento posterior se omite a menudo. Organismos creados para ocuparse de esas funciones de seguimiento (tribunales de cuentas, agencias de evaluación de políticas…) elaboran estudios y emiten dictámenes a los cuales ni los parlamentos ni los medios prestan demasiada atención y cuya repercusión acaba siendo mínima. Incluso, aquellas entidades públicas cuyos recursos se vinculan a objetivos plasmados en contratos de gestión son rutinariamente supervisadas sin que de sus resultados se extraigan casi nunca consecuencias significativas.

En consonancia, la distinción entre buena y mala gestión carece de efectos sobre la continuidad, las retribuciones o la carrera de los gestores. Dimitir es, como sabemos, un verbo poco conjugado. El régimen disciplinario de los servidores públicos permanece -salvo honrosas excepciones- escasamente utilizado. En general, solo cuando las infracciones tienen carácter delictivo acaban depurándose responsabilidades. La judicialización de un asunto acaba por ser casi el único medio para que del mismo se deriven consecuencias. En pocas palabras, frenada por el coleguismo, el corporativismo y otros ismos, la asunción de responsabilidad no ha encontrado en nuestro universo político-administrativo un ecosistema favorable.

COMO apuntábamos, nos hallamos ante una carencia institucional cuyas raíces se hunden en los macroprocesos de educación y socialización que hemos ido construyendo entre todos. La cultura de la responsabilidad se aprende en la familia y en la escuela y se interioriza a lo largo de la peripecia vital de cada uno. Si lo que predomina en la sociedad es un patrón de conducta benevolente y poco asertivo a la hora de enfrentar a las personas con las consecuencias de sus actos, es difícil que las instituciones corrijan luego el rumbo. Como dice con lucidez Viroli en el texto citado: «La falta de intransigencia no crea ciudadanos libres sino niños viciados». Y es que el mejor escriba es, en realidad, aquel que, tras echar el borrón, asume la responsabilidad que le corresponde. Así nos convendría entenderlo. Instituto de Gobernanza

y Dirección Pública de Esade.