El 'escrache', un camino arriesgado

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lleva años luchando contra una legislación que permite los desahucios sin que se respeten debidamente los derechos de quienes no pueden hacer frente al pago del préstamo para comprar su vivienda, vio justificada su estrategia cuando, la semana pasada, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que, efectivamente, en España los contratos hipotecarios contienen cláusulas abusivas. Fue un hito que llegó pocas semanas después de que el Congreso aceptase tramitar la iniciativa legislativa popular que, con 1,4 millones de firmas, la PAH promovió para cambiar esa misma legislación.

La plataforma, pues, tiene motivos para pensar que ha valido la pena su constancia, que le ha granjeado muchas simpatías entre quienes sufren el drama de los desahucios y, en general, los efectos más demoledores de la crisis económica. Cuando se ha extendido en amplias capas de la sociedad la impotencia ante el proceder de los poderes económicos, y la irritación por el poco o nulo arrojo para plantarles cara que ha demostrado el poder político, un movimiento como la PAH ha significado no solo una valiosísima ayuda concreta para los damnificados por las hipotecas sino una saludable muestra de que la ciudadanía no ha perdido la capacidad de unirse en defensa de sus intereses. Pero todo este capital acumulado está siendo puesto en riesgo por la propia plataforma con la campaña de escraches ante domicilios de parlamentarios del PP para que en la nueva ley hipotecaria se acepte la dación en pago. Ada Colau y sus seguidores no han calibrado en su justa medida la gravedad del paso que han dado, porque esa protesta muy próxima al hostigamiento personal surgió para señalar públicamente a quienes colaboraron con la última dictadura argentina y no rindieron cuentas ante la justicia. Una situación radicalmente distinta de la de los diputados del PP, elegidos en votación popular secreta, el mejor de los sistemas conocidos hasta ahora para vehicular las opiniones de los ciudadanos. La legitimidad que la PAH ha conseguido se desmoronará si sigue por ese peligrosísimo camino, aunque reciba ayudas como la de la delegada del Gobierno en Madrid al considerar «proetarra» a la plataforma. El espanto de los desahucios en España sigue reclamando firmeza, pero más que nunca, la cabeza fría.