Opinión | editorial

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Ensenyament enseña sus cartas

 La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

La responsable del departamento de Ense- nyament, Irene Rigau, se cuidó mucho ayer de matizar que las medidas propuestas por laconselleria, aun cuando se formulan en el marco de una contención presupuestaria, se concentran en la reorganización de los centros educativos y no suponen, en ningún caso, la pérdida de empleo de los docentes actuales. Los sindicatos, a su vez, llamados a la negociación, no parece que vieran en las propuestas de Rigau una especie de nuevo enfoque pedagógico y formal, sino el anuncio de un recorte más o menos explícito. En cualquier caso, las dos medidasestrellase basan en la ampliación en una hora lectiva de la dedicación laboral de los maestros, lo que en principio es comprensible en esta situación restrictiva, y en la supresión de la llamada sexta hora, una idea que el Govern tripartito introdujo en el Pacte Nacional per l'Educació para unificar los horarios de todos los centros con fondos públicos y con el objetivo de reforzar y profundizar en los conocimientos para impulsar la calidad de la escuela pública. Esta supresión no será total, sino que tendrá excepciones, en aquellas escuelas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o para aquellos alumnos que necesiten ayudas suplementarias en el intento de combatir el fracaso escolar.

Más allá de la situación de crisis económica y de la contención del gasto, el anuncio de laconselleraRigau es casi un finiquito de una medida que justamente nació con ese objetivo, el de dar más oportunidades a los alumnos de centros públicos. ¿Ha sido un fracaso la sexta hora? ¿No era -no sigue siendo- necesaria? La combinación de los dos factores (más horas cobrando lo mismo; y menos profesores por centro para desperdigarlos en otros establecimientos ante la llegada de los nuevos alumnos, unos 15.000) introduce muchos interrogantes, y no solamente los que podríamos considerar técnicos.

¿Se trata de unas medidas estrictamente funcionales para racionalizar la Administración y aprovechar mejor los recursos? ¿Podría ser que fueran propuestas que escondieran una reducción notable que afectara, como afirman los sindicatos, a una gran cantidad de interinos? Estas incógnitas demandan una explicación más clara.