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Vanesa Valiño

Vanesa Valiño

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, dirige el Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular de dación en pago.

Emergencia habitacional y día mundial del hábitat

Viernes, 4 de octubre del 2013 - 13:17 CEST

Algunas de las viviendas nuevas de alquiler de Torre Baró.

En 1986 Naciones Unidas instauró la celebración del Día Mundial del Hábitat. En un momento caracterizado por la urbanización del planeta y las migraciones del campo a la ciudad, el Día Mundial del Hábitat consagraba la necesidad de atender el derecho a una vivienda digna en un sentido amplio. Una concepción bastante extensa como para superar el acceso a un techo y cuatro paredes. Se trataba, pues, de avanzar en la promoción del derecho a la ciudad. Es decir, de reivindicar viviendas dignas desde donde acceder a puestos de trabajo en condiciones ya centros educativos de calidad, todo ello disfrutando del nivel más alto de salud posible y sin renunciar a la participación en la gestión de la ciudad.

La promoción del Día Mundial del Hábitat se identificó en un primer momento con reivindicaciones más propias de los países del sur como el acceso a la tierra y el mejoramiento de favelas, villas y barrios de autoconstrucción. La crisis económica global y en particular el estallido de la burbuja inmobiliaria en España obligan a replantear las cosas. El aumento sin precedentes de los desalojos por motivos económicos, el hacinamiento de familias empobrecidas en habitaciones subarrendadas en pisos compartidos, y en general la ausencia de políticas efectivas de lucha contra la exclusión habitacional configuran una situación de verdadera emergencia habitacional.

Desde el inicio de la crisis a finales de 2007 han tenido lugar cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias. El Colegio de Registradores de la Propiedad informaba recientemente que solo durante el 2012 más de 41.300 familias perdieron su casa, la única que tenían, y lo que es peor, muchas de ellas no solo perdían el hogar sino que encima continuaban endeudadas de por vida. En las grandes ciudades, sin embargo, la problemática más punzante actualidad tiene que ver con las dificultades de las familias para hacer frente al pago del alquiler. Así, solo en Barcelona, según datos del decanato del juzgado de la ciudad, a lo largo de 2012 tuvieron lugar 3.267 desahucios por impago del alquiler. Es verdad que en este caso no se arrastran deudas impagables. Es verdad también, sin embargo, que en la medida en que no existe un parque de viviendas público donde alojarse estas familias, las personas afectadas deben soportar condiciones de extrema vulnerabilidad habitacional. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han denunciado la reaparición de fenómenos de otras épocas como familias con niños obligadas a amontonarse en casas de familiares y amigos, en el mejor de los casos, o bien directamente malviviendo en pensiones facilitadas por las administraciones públicas.

Paradójicamente, a pesar del largo recorrido de la crisis las políticas públicas orientadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda siguen partiendo del patrón anterior al estallido de la burbuja. Es decir, continúan dirigiéndose a personas con cierta capacidad adquisitiva que sufren dificultades puntuales para pagar la vivienda. Lo cierto, sin embargo, es que cada vez son más los hogares donde todos los miembros están en paro y nada apunta a que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. En concreto, en Catalunya, la Encuesta de Población Activa habla de 267.000 familias donde ninguno de los miembros tiene trabajo, un 45 % de las cuales no reciben ninguna prestación de las administraciones públicas.

En este contexto, es urgente recordar a los poderes públicos sus obligaciones en materia de vivienda y hábitat. Este lunes, 7 de octubre, el Día Mundial del Hábitat constituye una oportunidad para reivindicar la necesidad de medidas excepcionales a la altura de una situación de emergencia. Parar los desahucios por motivos económicos, consagró la dación en pago retroactiva, y posibilitar el acceso de las familias empobrecidas en los pisos vacíos en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público constituyen, en realidad, medidas de mínimos para poner manos a la aguja en el derecho de todos y todas a una vivienda digna.

Tuve la oportunidad de ver in situ el trabajo de Juan Carlos Unzué en el Numancia y su entrega a la profesión es máxima.