El partidismo y la corrupción estancan el proceso soberanista
Desde que Artur Mas y Oriol Junqueras alcanzaron hace un mes un pacto para adelantar las elecciones, CiU y ERC no han hecho otra cosa que pelearse. Esto, en contra de lo que piensan muchos, no baja el suflé independentista en Catalunya
José A. Sorolla
Periodista
JOSÉ ANTONIO SOROLLA
Este sábado se cumple un mes del pacto alcanzado por Artur Mas y Oriol Junqueras, forzados por las asociaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, para adelantar las elecciones catalanas al 27 de septiembre y rehacer la confianza perdida entre los dos principales partidos soberanistas. Pero desde entonces CiU y ERC no han hecho otra cosa que pelearse y el proceso soberanista se encuentra estancado a causa del partidismo y de los casos de corrupción, como el que afecta a la familia Pujol, que Esquerra utiliza para debilitar a su rival.
El partidismo, es decir, el sometimiento de la épica soberanista a los intereses de partido, debilita el proceso hacia la independencia, que ya no monopoliza la actualidad política ni los medios de comunicación. ¿Quiere esto decir que el suflé ha bajado y que la nata ya no remontará? En absoluto. Sería un error creerlo así, un error que muchos cometen a las primeras de cambio y que no enmiendan pese a que la realidad les desmiente a menudo.
Es indudable, sin embargo, que la exposisición pública de los lógicos intereses partidistas ha desanimado a quienes creían y habían hecho creer a mucha gente que el camino a la independencia era coser y cantar. El desánimo del soberanismo se aprecia en detalles como la retirada de banderas de los balcones --hay aún una gran presencia, pero algunas han desaparecido--, en que el proceso ha dejado de acaparar conversaciones, tertulias, micrófonos, pantallas y portadas, y en el nerviosismo que aqueja a las organizaciones que han impulsado el movimiento, como la ANC y Òmnium. El barco que quiere llegar a Ítaca prosigue el viaje, aunque navega escorado.
APAÑO EN FORMA DE PACTO
Después del público desencuentro que significaron las dos solemnes conferencias de Mas (25 de noviembre de 2014) y Junqueras (2 de diciembre), en las que expusieron hojas de ruta divergentes, y tras casi dos meses de reproches continuos, CiU y ERC consiguieron un apaño en forma de pacto el 14 de enero, aunque ya sin la participación de otras fuerzas que integraban el bloque soberanista: Iniciativa per Catalunya (ICV) y las Candidatures d'Unitat Popular (CUP).
El pacto incluía el adelanto de las elecciones catalanas al 27 de septiembre (convocadas insólitamente con ocho meses de anticipación), listas separadas con una hoja de ruta común y apoyo de ERC a los Presupuestos de la Generalitat. Desde entonces, nada se sabe de la elaboración de la hoja de ruta y en los Presupuestos --aplazados al menos un mes porque el PP los ha impugnado por sospechas de inconstitucionalidad-- ERC solo ha conseguido destinar 100 millones de euros adicionales a políticas sociales.
El resto del tiempo los dos principales partidos soberanistas se han dedicado a pelearse, con un enfrentamiento culminante cuando ERC levantó el veto que había librado por cuatro veces a Mas de declarar ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción y el caso Pujol.
COMPARECENCIA DE MAS
La comparecencia se produjo el lunes y, aunque Mas se sirvió de su habilidad y de las carencias de la oposición para superar la prueba, su declaración no le supone ningún beneficio. Mientras los casos están sub júdice, es dudoso el papel de las comisiones parlamentarias, y más si los diputados de la oposición no hacen bien su trabajo de investigación, por lo que nada se pudo probar contra Mas.
En la comisión del Parlament quedó, sin embargo, la impresión de que resulta increíble que Mas desconociera absolutamente las andanzas de la familia Pujol --sobre todo de los hijos-- cuando él había sido el delfín del patriarca, conseller de Obras Públicas y de Economía y conseller en cap, y había tenido como número dos a Oriol Pujol Ferrusola, imputado por tráfico de influencias y cohecho en el caso ITV, que afecta a la presunta concesión irregular de las agencias de inspección de vehículos y a supuestas mediaciones remuneradas para la deslocalización de empresas extranjeras en Cataluña.
DOS PADRES
Mas se desmarcó como no lo había hecho hasta ahora del clan Pujol, y en especial de Oriol, que había sido arropado por toda la cúpula convergente la primera vez que declaró como imputado en el juzgado. Esta fue una de las novedades de la comparecencia. Otra fue más personal.
Por primera vez, Mas admitió que conocía desde finales de los años ochenta o principios de los noventa que era beneficiario de una cuenta que su padre tenía en un banco del paraíso fiscal de Liechtenstein, aunque dijo que no había "tocado ni un euro" porque la herencia correspondió en su totalidad a su madre. Pero Mas conocía la cuenta años antes de que en 1997 fuera nombrado conseller de Economía cuando hasta ahora había afirmado que se enteró de su existencia en 2008.
Mas no podrá eludir las consecuencias del caso Pujol, su padre político, que seguirá salpicando a la presidencia de la Generalitat y a Convergència Democràtica (CDC) a medida que vayan desfilando por la comisión otros implicados, como el propio Jordi Pujol, su mujer y sus hijos. Lo mismo puede decirse del caso Palau de la Música, que afecta a la presunta financiación ilegal de CDC.
La corrupción es una de las armas de que dispone ERC para marcar distancias con su aliado y a la vez rival de cara a la campaña de las elecciones municipales de mayo, cuyo resultado será determinante para decidir el futuro del proceso soberanista y de su liderazgo.
DIVISIÓN EN CiU
En el otro flanco, el de las relaciones entre CDC y Unió Democràtica (UDC), las aguas tampoco están calmadas. La división del grupo parlamentario de CiU en la toma en consideración por el Congreso de los Diputados del texto que establece el pacto antiyihadista entre el PP y el PSOE es un hecho sin precedentes. Nunca Unió y CDC habían votado distinto sin pactarlo previamente.
Josep Antoni Duran Lleida se ha sentido con razón desautorizado como portavoz, igual que el comité ejecutivo de CiU, que decidió el voto afirmativo, y ha calificado el desmarque de los diputados de CDC, que se abstuvieron, de "grave". Es una actuación que solo se entiende por la radicalización de CDC y por la pugna entre los dos componentes de la federación a cuenta del proceso soberanista, ya que rompe con toda la tradición de CiU de respaldo a las iniciativas antiterroristas.
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