El país que quiero

El país que volem es un proceso participativo que aspira a recoger las inquietudes de la ciudadanía ante el plausible nuevo escenario de la independencia de Catalunya. Me parece muy acertado porque, más allá de cuestiones identitarias, el deseo de un nuevo estado se basa en la cada vez más evidente imposibilidad de ver encarnadas ilusiones de progreso en la España que ha hecho y deshecho en estos últimos tres siglos. Preguntado al respecto en cuanto a las cuestiones territoriales y ambientales, hice las consideraciones que siguen.

En un momento de cambio global como el actual, no tiene sentido pleitear por un país independiente anticuado. Necesitamos un país que se incline por la eficiencia y por la redistribución equitativa de los valores añadidos, no por la mera economía financiera. Esta opción debe ser fundacional, debe estar recogida en la Constitución y en el nuevo ordenamiento jurídico que de ella derive. La, por lo visto, intocable Constitución española está muy lejos de ello, obviamente. De manera general, quiero ser ciudadano de un país puntero de la corriente sostenibilista, el nuevo paradigma del siglo XXI. Ese estimulante objetivo se concreta en dos líneas básicas: participar en la construcción de una política europea sostenibilista y mejorar a fondo la eficiencia de los procesos productivos y de consumo. En la tibia UE ya hay estados que han adoptado medidas de sostenibilidad a gran escala (la Loi Grenelle francesa, por ejemplo), mientras que la Comisión Económica y Social Europea impulsa cambios en pautas de fabricación, políticas de precios y obtención de materias primas, etc. También quiero ser ciudadano de un país líder en la ordenación y uso de su territorio. Tenemos una larga tradición al respecto. El término urbanismo fue usado por primera vez por Ildefons Cerdà, en el Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona de 1859. El Plan Comarcal de Barcelona es de 1953. En urbanismo, llevamos décadas de ventaja a la mayoría de territorios del mundo, pero las dinámicas cotidianas han prostituido parcialmente esta espléndida tradición. Habría que restaurarla en toda su plenitud, con criterios actualizados de carácter sostenibilista.

UN PAÍS EFICIENTE

Se trataría de optar por un país eficiente en el uso del espacio, del agua y de la energía. Debemos ser eficientes en el uso del espacio porque somos un país pequeño, de solo 32.100 kilómetros cuadrados, de los que el 80% presenta inclinaciones iguales o superiores al 20%: el espacio catalán fácilmente utilizable es reducido y, por tanto, su utilización eficiente es un elemento medular de nuestra viabilidad como estado independiente. También debemos ser eficientes en el uso del agua porque nuestros recursos hídricos son modestos y los modelos indican que las perturbaciones ligadas al cambio climático en curso acentuarán la aridez. Y debemos ser eficientes en el uso de la energía porque disponemos de escasos recursos energéticos, por lo que la ineficiencia nos haría (nos hace) doblemente frágiles; además, debemos incrementar la conectividad eléctrica y gasista con Europa, diversificar proveedores energéticos y desarrollar al máximo las propias potencialidades, que en nuestro caso significa energías renovables. La cuestión de la eficiencia energética es indisociable de la eficiencia en la producción y, particularmente, en el transporte. La electricidad deberá tener un papel capital. La automoción eléctrica, además de evitar la contaminación local, conlleva un mejor rendimiento del ciclo energético global, sea cual sea la fuente de energía primaria utilizada para la generación. Además, permite aprovechar formatos energéticos libres (fotovoltaico, eólico). El Estado español, que en el periodo político anterior hizo un gran esfuerzo en la producción de electricidad de origen renovable, ha cambiado de orientación y ha vuelto a viejas políticas anticuadas y favorecedoras de los lobis, como corresponde a su código genético ancien régime.

Adelantándonos a todos, debemos ser capaces de patrimonializar el ambiente. Si los recursos ambientales y paisajísticos no figuran en los activos nacionales, su deterioro acaba resultando inevitable, porque no salen en ningún balance. Entonces, las externalizaciones ambientales negativas no se pueden contabilizar como pérdidas. Tenemos una economía ambiental basada en las cuentas de explotación pero no en los balances, y así nos va. Perdemos patrimonio, pero no consta económicamente en ninguna parte. La Catalunya independiente debería ser un país con el territorio valorado patrimonialmente, y donde la redistribución no equitativa de valores añadidos y la corrupción fueran anticonstitucionales. Entonces, la independencia que lo hiciera posible valdría realmente la pena. ¿Se apuntan a ello? Yo, sí.