El eslabón perdido del 'procés'

El relato soberanista sobre la desafección catalana respecto del Estado español y el rechazo mayoritario del Estado de las Autonomías como fórmula suficiente para las aspiraciones de Catalunya tiene su fundamento y también un eslabón débil. Un déficit democrático y jurídico. Los catalanes hemos votado en tres referéndums a favor del estado actual de las cosas. Con más entusiasmo que nadie en 1978, por la nueva Constitución; con emoción histórica, el primer Estatut de 1980; y con disciplina catalanista cuando el Estatut del 2006. Nunca hemos expresado de forma vinculante y legal el rechazo al pacto constitucional.

La Generalitat pretende ahora romper dicho pacto forzando una consulta sin cobertura legal de consecuencias inciertas, saltándose el trámite de la negación democrática previa. En el 2010, cuando el Tribunal Constitucional sentenció el Estatut aprobado en referéndum cuatro años antes, el Govern catalán habría podido convocar un nuevo referéndum vinculante para ofrecer a los catalanes la oportunidad de decidir si se aceptaba o rechazaba el texto resultante de tanto recorte.

¿Con qué argumentos se hubiera podido impugnar una consulta sobre la entrada en vigor de un texto estatutario diferente del aprobado por el Parlament, el Congreso y los catalanes? La pregunta de aquellas papeletas no hubiera sido anticonstitucional, ni habría supuesto un desafío soberanista, ni pretendido decidir en nombre de todos los españoles, solamente, habría sido una apelación a la voluntad catalana sobre su propia ley orgánica.

El resultado se puede suponer contundente, vista la reacción de indignación multitudinaria cuando se convocó la protesta en la calle. Muy probablemente, un altísimo porcentaje de catalanes hubiera optado por no reconocer el estatuto del Tribunal Constitucional. Hubiera sido una desaprobación democrática expresada en formato legal, que habría tenido sin duda consecuencias políticas inminentes. La renuncia de los catalanes a su propia carta magna habría creado, cómo poco, un vacío institucional que habría exigido acuerdos inmediatos para salir de la crisis.

Imaginar a dónde nos habría llevado esta vía se hace difícil, aunque se puede intuir que no estaríamos peor que en vigilias del choque institucional. En todo caso, se habría roto de forma inapelable la secuencia de apoyo al Estado de las Autonomías por parte de los votantes catalanes. Y, dependiendo de la respuesta del Estado a aquel rechazo, las razones para emprender uno u otro camino habrían ganado en solidez, un proceso sin eslabones perdidos.

La hipótesis de un conflicto por el retraso o el recorte del texto estatutario se planteó incluso antes de escribirse la primera línea del Estatut del 2006. El 'president' Pasqual Maragall, en su discurso de investidura, formuló una propuesta para el caso, perfectamente previsible, de que tal eventualidad se produjera: el pueblo catalán debería ser convocado de forma legal a expresar su rechazo y su adhesión al Estatut aprobado por el Parlament. Cayó en el olvido.