El débil poder político español

En un horizonte temporal previsible el poder político central no va a ofrecer algún tipo de paliativo al conflicto catalán. A menos que las generales provocasen un cambio drástico en ese poder, el nuevo Gobierno español posible seguirá rechazando las demandas de los que van a ganar el 27-S. Ni una presión a favor del diálogo por parte de los poderes económicos, españoles y extranjeros, podría modificar mucho ese designio. Y no solo por la inercia de las posiciones actuales o por el peso creciente de la ideología centralista, sino también, y tal vez sobre todo, por la debilidad de las fuerzas políticas que las defienden.

En los dos últimos siglos los momentos de auge de las presiones catalanistas han coincidido con una situación de debilidad política del poder central. Hoy, y desde hace unos cuantos años, esa debilidad es patente. Ningún analista se atrevería a decir que el del PP es un Gobierno fuerte, a pesar de contar con la mayoría absoluta. Porque esa mayoría es irreal, ya que buena parte de los electores del 2011 han dado la espalda a Mariano Rajoy, porque está aislado y es incapaz de llegar a acuerdos con la oposición y porque es palpable un ambiente mayoritario de rechazo ciudadano del Gobierno. El PP sucedió en la Moncloa a un PSOE extenuado y hundido. Y en estos casi cuatro años no ha recuperado la credibilidad y la capacidad de iniciativa que su predecesor había perdido y que son imprescindibles para gobernar, y más para gestionar un conflicto tan grave como el catalán. Porque más allá de la propaganda y de la aparente calma en los mercados, la situación económica sigue donde estaba al inicio de la legislatura, con una tasa de paro que ridiculiza cualquier mensaje triunfalista, con un cuantioso porcentaje de la población reducido a la condición de supervivencia, con un Estado ultraendeudado e incapaz de actuar como agente económico y, sobre todo, sin la mínima perspectiva real de que esa situación pueda mejorar.

Pero también porque están en crisis la mayoría de las instituciones que instrumentan la acción del Estado y que el PP controla atendiendo a sus objetivos partidarios. La crisis de la Corona parece haberse paliado en los últimos tiempos, pero ha sufrido envites tan fuertes que el rey Felipe necesitará aún unos cuantos años para poder ejercer una función institucional significativa. Al tiempo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial son meras caricaturas de las instituciones que define la Constitución. Aunque sin el dramatismo de hace poco, España sigue inmersa en una crisis de Estado, de la que la disfuncionalidad e ineficacia de un modelo autonómico que todos saben que hay que reformar de arriba abajo es solo una expresión.

La pertenencia a la Unión Europea es en estos momentos el único sostén real del Gobierno de Madrid. Pero este terreno también podría deteriorarse si se produce una nueva crisis en la UE -que algunos creen que podría venir de la situación poselectoral de Grecia, unida al desmadre generado por el problema de los refugiados- o un agravamiento del panorama económico como consecuencia del parón de China y de los países emergentes. Pedir a un Gobierno que se mueve en esa realidad que tome una iniciativa de calado en Catalunya es pedir demasiado. Rajoy -un político mediocre, incapaz de ir más allá del día a día- bastante tiene con mover todas las fichas de las que dispone para que en diciembre no le echen de la Moncloa. La más importante en estos momentos es la de la dureza frente al independentismo. En estos cuatro años ha sido incapaz de modificar mínimamente la actitud radical y cegata que el PP mantuvo sobre Catalunya en la oposición. En buena medida porque su debilidad política lo ha dejado en manos del sector más intransigente de su partido en esta materia. Y ahora esa es su bandera para no perder las generales.

Sería una victoria en precario que solo el PSOE podría contestar, no menos en precario. ¿Qué haría Pedro Sánchez con Catalunya si gobernara en Madrid? Los socialistas siguen sin responder a esa pregunta. Una coalición de gobierno con el PP es aún posible. La victoria del independentismo podría justificarla. Pero ¿podría y querría el PSOE obligar al PP a cambiar de política en la materia si se materializara?

La debilidad del poder central, la crisis española, está en la base del auge independentista, junto a otros factores tanto o más importantes. Pero el futuro Gobierno catalán podría cometer un error muy grave si quisiera seguir aprovechándose de la misma para avanzar en su proyecto. Porque entonces sí que podría producirse el estallido que hoy solo se da en el terreno de los discursos. Y porque, si bien todas juntas dan muy bien en los sondeos, algunas de las fuerzas que forman parte del bloque independentista también tienen serias debilidades.