El Cervantes y la cultura catalana

Los medios de comunicación de nuestro país se han hecho últimamente un amplio eco del triste episodio protagonizado por el Instituto Cervantes de la ciudad holandesa de Utrecht. Dos días antes de la presentación pública en esa institución de 'Victus, Barcelona 1714', la famosa novela histórica de Albert Sánchez Piñol, el Instituto suspendió el acto aduciendo la inoportunidad de una actividad como aquella en el contexto actual y a pocos días de un Onze de Setembre que ya se preveía que llenaría a tope las calles de Barcelona. No nos extenderemos en la valoración de aquel acto de censura, sino es para resaltar una vez más la mezquindad, porque ya lo han hecho ampliamente periodistas y escritores de reconocida solvencia.

Si me he decidido a escribir este artículo es porque, desde mi experiencia en la institución, creo que esta prohibición responde a razones más profundas y se debe contextualizar en el marco de un alejamiento progresivo del Instituto Cervantes respecto las lenguas cooficiales del Estado y de las culturas en ellas expresadas. Ello constituye un flagrante incumplimiento de su ley fundacional, que especifica claramente que este organismo tiene como objetivo la atención a todas las lenguas oficiales del Estado. Y, la verdad sea dicha, con más o menos convicción, el Instituto Cervantes, hasta hace poco, había defendido y promocionado el catalán, el gallego y el vasco. De alguna manera, esta institución se había ganado el mérito de ser una isla de tolerancia en el marco de la acción exterior del Gobierno español, lo que provocó más de un tira y afloja con las embajadas, tradicionalmente poco sensibles a la diversidad cultural y lingüística del Estado que dicen representar. Los encontronazos eran frecuentes, pero el Cervantes se mantuvo siempre firme en la defensa de las lenguas cooficiales frente a aquellos que, desde el Estado mismo, se empeñaban en torpedear la foto.

Apoyo de la antigua dirección

No es ahora el momento ni el lugar de explicar algunos casos concretos, pero no podemos dejar de recordar el apoyo de la antigua dirección del Cervantes, encabezada por Carmen Caffarel, cuando, desde Atenas, propusimos erigir en la Acrópolis un monolito, en catalán, con el famoso elogio de este monumento escrito en el año 1380 por Pere el Ceromoniós.

Con la llegada al poder del Partido Popular en las eleccions generales de noviembre del 2011, desagraciadamente el Instituto Cervantes pasó a integrarse en la maquinaria del Estado y a servirle en su visión jacobina de lo que debía ser su acción exterior. La llegada a la dirección de Víctor García de la Concha fue celebrada por aquellos que creíamos firmemente que el plurilingüismo de España, más que un inconveniente, era un tesoro que había que preservar y difundir. Pero su actitud comprensiva, desde la Real Academia Española, sobre las lenguas cooficiales, se desvaneció como un espejismo.

No vaciló ni un momento en secundar la purga política que, en cumplimiento de un plan perfectamente trazado, ejerció, desde que ocupó el cargo de secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga. Y, sin dudar ni un momento, firmó los ceses de muchos directores -en algunos casos excelentes profesionales- por criterios exclusivamente políticos. Dicho de otro modo, el Instituto Cervantes ha dejado de ejercer política de Estado para ejercerla exclusivamente de partido, y es en este sentido como debemos interpretar la anulación, en el último momento, de la presentación de 'Victus', en Utrecht.

Una visceral catalanofobia

Al fin y al cabo, pues, lo que las autoridades diplomáticas españolas no han perdonado al autor de 'Victus' ha sido su condición de escritor catalán (aunque la novela se publicó, por mayor inri de los responsables de la prohibición, en castellano). Y la prueba nos la dio el Instituto Cervantes de Atenas hace menos de un año, cuando, una semana antes de la celebración de las novenas Jornadas de Intercambio Cultural organizadas por la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut d'Estudis Catalans, y la Societat Verdaguer, se negó a ceder los espacios previamente convenidos y dejó a cerca de una cincuentena de intelectuales catalanes en la calle.

Por si fuera poco, las cartas de queja enviadas por los responsables de aquellas jornadas al Ministro de Asuntos Exteriores y al director del Instituto Cervantes quedaron sin respuesta. Nos cuesta encontrar otra explicación que no sea la de una visceral catalanofobia, a no ser que consideremos que los dos autores sobre los que versaban aquellas jornadas, Jacint Verdaguer y Antoni Rubió i Lluch, eran sospechosos de fomentar la sedición política y el secesionismo lingüístico.