Un pacto, mucha incertidumbre

Cuando todo el mundo, hasta el soberanista, daba por hecho que Catalunya volvería a votar en marzo, un acuerdo in extremis entre Junts pel Sí (JxSí) y la CUPin extremis evita la vuelta a las urnas y propiciará que el Parlament invista hoy a un nuevo presidente de la Generalitat, el diputado y alcalde de Girona, Carles Puigdemont, después de que Artur Mas se haya apartado, facilitando así el pacto. El pacto de JxSí y la CUP, materializado de modo chocante para muchos, puede ser legítimo, pero está plagado de incógnitas y graves incertidumbres.

El pacto puede dotar al nuevo Gobierno de estabilidad parlamentaria, una condición que Mas consideró ayer decisiva y que reconoció que no estaba garantizada ni aunque él hubiera sido investido por el Parlament sin un acuerdo explícito en ese sentido. Como dijo acertadamente, la estabilidad es imprescindible porque "no se puede ascender al Everest en alpargatas". Ahora, el pacto garantiza la estabilidad en su primer punto, cuando dice que la CUP no votará "en ningún caso en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios al proceso y/o al derecho a decidir cuando esté en riesgo dicha estabilidad".

En este aspecto, sin embargo, Mas hizo una afirmación temeraria al decir que el acuerdo "corrige a las urnas", que no permitieron que JxSí obtuviera el diputado número 63, que hubiera evitado todo el calvario sufrido desde el 27-S. Las urnas no pueden ser rectificadas por un acuerdo del que se tendrán que explicar todavía algunas incógnitas. No está claro por qué la CUP, desvirtuando el mandato democrático recibido en las urnas, accede incluso a ceder dos diputados para que "se incorporen a la dinámica parlamentaria de JxSí". La explicación de que ejercerán de vigilantes causa sonrojo.

Que el Parlament disponga de mayoría para aplicar la hoja de ruta independentista, lejos de garantizar su éxito, presagia fuertes turbulencias políticas y perniciosos efectos sobre la recuperación económica de Catalunya. Como ya se vio con la aprobación de la declaración rupturista del último 9-N, los poderes del Estado actuarán sin dudarlo cuando el Parlament active iniciativas inconstitucionales o ilegales. Y la mayoría independentista no podrá obviar esa situación. Además, este Gobierno debería gestionar el día a día de los catalanes, asunto nada menor en un frágil contexto económico.

De todas las explicaciones que dio ayer Mas, hay una que ha quedado sin respuesta. ¿Por qué si el pasado martes vetar a una persona era "matar el proceso", ahora es "salvarlo", como dijo el president en funciones? Mas aducirá que la decisión de apartarse la ha tomado él, pero, en el fondo, lo que ha hecho ha sido aceptar el veto. Es cierto que las contrapartidas por parte de la CUP son muy importantes, pero por eso mismo no acaba de entenderse que se haya tenido que llegar al penúltimo día para aceptarlas.

Una de las mayores incógnitas del acuerdo es precisamente el giro copernicano e la CUP. Consigue el desplazamiento de Mas, pero para ser sustituido por otro diputado de CDC elegido personalmente por el hasta ahora president, mientras la CUP admite, en cambio, el relevo de diputados, sin explicar ni quiénes ni por qué. Y todo ello sin celebrar asamblea alguna, después de tres meses de sacralizar el voto asambleario. A partir de ahora, la pureza democrática de los anticapitalistas queda también en entredicho.

Este pacto de última hora tendrá repercusiones en la política española que el Govern no podrá ignorar. Hasta ahora se creía que ir de nuevo a las urnas en Catalunya perjudicaba a Mariano Rajoy, porque la desactivación del proceso soberanista no hacía tan urgente la investidura del candidato del PP y acercaba el escenario de la repetición de las generales. Ahora aumentarán las presiones sobre Pedro Sánchez para que se forme la gran coalición con el PP , con o sin Ciudadanos, al objeto de afrontar el "desafío catalán". Pero, pase lo que pase en la política española, el camino que inicia hoy Catalunya no estará exento de dificultades, sobre todo si los grupos que han pactado la investidura se empeñan en ignorar al 52% de los catalanes que el 27-S rechazaron su proyecto.