Donde empieza la precariedad laboral

Tengo una amiga que dirigía una pequeña compañía de teatro. Con el estallido de la crisis, se encontró con que un montón de ayuntamientos para los que trabajaba le exigían cobrar en negro, saltarse las medidas de seguridad, las condiciones laborales de sus trabajadores y los derechos largamente peleados. Terminó cerrando, claro. Hace poco conocí a una joven que trabaja para la confederación hidrográfica de uno de nuestros más caudalosos ríos. Después de estudios y especialización, lo máximo que ha logrado es que esa empresa estatal la subcontrate para determinadas labores, pero con la condición de hacerse autónoma y facturar sus servicios. Así cuentan con ella, pero sin ofrecerle una estabilidad. Es interminable la lista de personas que han visto reescrita su relación laboral con el Estado en los últimos años y que te cuentan casos que bordean la legalidad. Si los empresarios privados forzaran así las situaciones, podrían recibir una inspección y acarrear las consecuencias de la sanción. Pero nadie sanciona al sancionador.

En los últimos años, la Comisión Europea nos ha abierto expedientes por demasiadas cosas. España se ha convertido en un protagonista no deseado de multitud de pleitos, donde afectados de todo tipo reivindican la injusticia de los cambios regulatorios a mitad de partido en las relaciones con la administración. Por no hablar de nuestra infame promoción de las energías renovables, que nos ha convertido en la vergüenza internacional, aparte de condenarnos al furgón de cola de la innovación y el fomento de las energías limpias. Pero no acaba ahí el varapalo habitual, sino que también, en un último episodio, las autoridades europeas van a estudiar a fondo nuestros mecanismo de regulación de la competencia porque tienen dudas de que cumpla la norma y esté sabiamente constituido por conocedores de los diferentes sectores que sean independientes de la política y la empresa dominante. Boicotear la regulación y trampear con la libre competencia no parece la mejor receta para hacerse pasar por un gobierno liberal. Pero estas son las incongruencias nacionales.

Pero sí que convendría detenerse sobre los retorcimientos contractuales que el Estado está practicando con sus trabajadores. No parece demasiado ejemplar que se trate de superar el agujero de la economía sumergida siendo un empleador que obliga a falsear su condición a los trabajadores, que les fuerza a mentir y presentar una situación no real, que los aboca a la subcontrata y la basurización como haría el peor de los explotadores privados, que los impele a hacerse autónomos de pega o crear empresas falsas para así poderse liberar (el Estado, que no el trabajador) de los gastos en seguro social y abaratar costes. El ejemplo es uno de los más eficaces recursos políticos: comportarse en la esfera pública como uno pretende que se comporten los demás en la esfera privada. Pero qué lejos estamos de todo ello. Párense, si no, a preguntar, y resuelvan si la Administración no se ha convertido en un jefe aprovechado y ventajista en estos últimos años.