ANÁLISIS

La disyuntiva de Puigdemont

El dilema del expresident de regresar a Catalunya para ingresar en la cárcel o permanecer en Bruselas en un limbo condiciona a todo el bloque independentista

A distancia 8Seguimiento de la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde la sede de JxCat, el 21-D.

A distancia 8Seguimiento de la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde la sede de JxCat, el 21-D.

OLGA GRAU

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Pasado el receso navideño en el que la política ha quedado en un segundo plano, el regreso a la actividad nos devuelve como un boomerang la misma realidad que dejó el 21-DMariano Rajoy no se ha movido una coma tras su hundimiento electoral en Catalunya, Inés Arrimadas ha asumido desde el minuto cero que Ciudadanos no podrá gobernar y aspira solo a arañar una improbable posición en la mesa del Parlament, mientras, Comuns y PSC se resitúan tras los malos resultados.

Carles Puigdemont, que logró una victoria imprevista sobre ERC, sigue en Bruselas enrocado en que el único plan posible es restituirle a él como 130 president de la Generalitat y, junto a él, a todo el Govern suspendido por el 155. La alternativa sería la repetición de las elecciones. ¿Con qué propósito? Seguir ganando tiempo sin rumbo, pero con la consecuencia nefasta de la ingobernabilidad y el mantenimiento del 155.

El argumento legitimista es difícilmente rebatible en público por una ERC, que aspiraba a pasar por delante de la lista de JxCat y con esos resultados virar hacia un discurso más progresista y menos frentista con el Estado que le permitiera sacar adelante un proyecto con apoyos transversales como los de los Comuns y tomar distancia con del PDECat.

Pero nadie en ERC va a discutir la legitimidad de Puigdemont, prefieren esperar a que él mueva ficha o a que reconozca que no va a regresar a Catalunya como prometió que haría si ganaba. Y éste ahora trabaja en varias fórmulas para ser nombrado president por la vía telemática estudiando a fondo el reglamento del Parlament y sus vacíos.

El problema es que el Estado y su poderosa maquinaria han dado buenas muestras durante todo el enfrentamiento con Catalunya de que no dejan pasar ni una. Aun a costa de empeorar la situación a golpe de aplicar la ley a causas políticas que deberían haber sido objeto de negociación y diálogo. El resultado de la judicialización de la política, de la que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha congratulado públicamente atribuyéndose el mérito de haber “descabezado al movimiento independentista”, es que una vez en marcha, las causas judiciales siguen su curso al margen de lo que la política requeriría para lograr un clima de distensión. Resulta así poco razonable creer que la investidura a través del plasma o de un discurso defendido por otro diputado en nombre de Puigdemont sería aceptable para el Estado.

Puigdemont se enfrenta a un dilema. Si regresa para ser investido será detenido e ingresará en la cárcel. Si no regresa y se enroca en ser investido a distancia, se estrellará de nuevo contra la fuerza del aparato del Estado que ya infravaloró antes. Si opta por pactar un Govern de coalición de las listas de JxCat y ERC sin él y sin Oriol Junqueras, al que no le han permitido salir de la cárcel, teme caer en un olvido progresivo en el limbo de Bruselas. El dilema de cárcel u olvido en diferido le arrastra a él y a todo el bloque independentista. Y la cuenta atrás ha arrancado.