El TC dicta un punto y aparte

Hay que decirlo claro y fuerte: la sentencia es impecable. Anula el primer punto de la declaración soberanista, no porque sea un deseo imposible de plantear, sino porque que está redactado en presente. «Catalunya tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano», reza el texto aprobado en enero del 2013. Y sobre todo porque se deriva una voluntad de producir efectos jurídicos al dar atribuciones al Parlament de soberanía y no de autonomía, como es hacer efectivo el «ejercicio del derecho a decidir». El tribunal se manifiesta en este punto de forma clarísima, como ya advertimos algunos que ocurriría. Ahora toca que Artur Mas asuma el veredicto, teniendo en cuenta que tampoco da un carpetazo a toda la declaración. No dicta un punto y final, sino que lanza un movimiento muy inteligente al concluir que cabe una interpretación constitucional de las referencias al «derecho a decidir». No como sinónimo de autodeterminación, sino como «una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad».

Entre las virtudes de la tan a menudo vilipendiada Constitución de 1978 están que: no exige al ciudadano una adhesión militante, caben cuantas ideas quieran defenderse y no hay ninguna cuestión inaccesible a su posible reforma. Abrir un proceso de estas características no predetermina el final, pero requiere que se respecten siempre los procedimientos. Y aquí es donde el proceso soberanista se muestra a diario profundamente desleal con la Constitución. El Govern ya pide a los alcaldes si colaborarán o no en la consulta anunciada para el 9 de noviembre, lo cual, teniendo en cuenta los enormes interrogantes que recaen sobre ella, no deja de ser un gesto de intimidación política. Es radicalmente falso, pues, que se estén agotando las vías legales. Para empezar lo primero que tenía que haber acordado el Parlament no era una altanera declaración de soberanía, sino una iniciativa de reforma constitucional, para la que sí tiene atribuciones. El TC lo señala en su sentencia, y también que el Congreso debería, en ese caso, entrar a considerarla. En el PP deberían tomar buena nota.

El veredicto ha desconcertado a los soberanistas. Sus portavoces se han mostrado de entrada muy agresivos con el tribunal, aunque luego han visto con buenos ojos la parte que trata del derecho a decidir. Pronto Francesc Homs saldrá diciendo que avala la consulta. Extremo absurdo. Si la sentencia no dice nada es porque no era materia de debate. En cambio, los que sí tienen motivos para alegrarse son los federalistas y los socialistas. Les da la razón en que solo en el camino de la reforma encontraremos respuestas a los problemas planteados. El Constitucional no ha escrito un punto y final, sino un fantástico punto y aparte.