Días duros

Yo no me siento cómoda con el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La razón es sencilla: pienso que la acusación de sedición es excesiva y que no ayuda a rebajar la tensión política y social. Sin embargo, entiendo que para hacer posible la convivencia es necesario cumplir y hacer cumplir la ley. Mis conocimientos de Derecho son limitados, pero leyendo el auto de la jueza Lamela me parece que Sànchez y Cuixart no son presos políticos. No sé si las miles de personas que protestaron por su envío a prisión con caceroladas y concentraciones tuvieron tiempo de leerlo. Ahí no se refleja que su encarcelamiento sea por sus ideas a favor de la independencia de Catalunya, digan lo que digan la Generalitat, la CUP, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana o unos cuantos tuiteros. Si fuera por eso, estaría en prisión la mitad del arco parlamentario catalán.

La ley y la oportunidad

Lo que sostiene el auto es que Sànchez y Cuixart lideraron el cerco a la Guardia Civil durante los registros y detenciones en la Conselleria d’Economia a finales de septiembre y que ambos obstaculizaron el cumplimiento de la ley. Puesto que son los que organizan las grandes manifestaciones callejeras, la jueza cree que hay riesgo de reincidencia en el delito y también de destrucción de pruebas sobre su papel en aquellos días. Podemos preguntarnos sobre la idoneidad de su envío a la cárcel de Soto del Real, pero me parece que no podemos encuadrarles en la categoría de presos políticos. Tampoco creo que haya que esperar de los jueces pronunciamientos en uno u otro sentido en función de la idoneidad del momento político. Y eso va por todos; también por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ha criticado los autos en casos de corrupción contra el Partido Popular. Y no podemos pensar que la magistrada es buena por dejar en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y mala por encarcelar a Sànchez y Cuixart. La ley no debería anunciarse en función de la oportunidad o inoportunidad de nuestros gobernantes.

Dicho esto, mantengo que me genera cierta incomodidad el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, porque la prisión preventiva es una medida extrema y porque temo las consecuencias. Ambos lideran entidades con mucho predicamento entre los independentistas y muy poderosas en la calle. Tanto, que la Assemblea Nacional Catalana ha recolectado más de dos millones de euros para pagar la multa de Artur Mas y compañía impuesta por el Tribunal de Cuentas tras la organización de la consulta del 9-N. Me gustaría saber cuánto ha puesto Mas, si es que ha puesto algo. Hace algunas semanas, un dirigente del PP me dijo: «Nos esperan días duros». Y ahora pienso que quizá se quedaba corto.