La dialéctica del error
En última instancia, el Gobierno central y el Ejecutivo catalán se remiten a la madre democracia para justificar sus actos
Jordi Mercader
Periodista.
JORDI MERCADER
La sensación de que hasta ahora nadie ha cometido un desliz irreparable en el largo contencioso declarado en el 2010, a partir de una torpeza monumental del Tribunal Constitucional al enmendar la voluntad democrática de los catalanes, podría esfumarse en las próximas semanas. Nada es irremediable pero la dialéctica del error practicada a conciencia por el Gobierno del PP y por los dirigentes independentistas anuncia un desenlace inminente. A poder ser provisional y lo más pacífico posible para dar paso a una recomposición de fuerzas y posiciones al día siguiente.
En vigilias del encontronazo institucional, la situación podría describirse así: ambas partes están cómodas y se sienten fuertes en sus propios errores. Mariano Rajoy está instalado en un presunto error político, el inmovilismo ante un problema cierto y profundo como el que plantea Catalunya. El PP y sus aliados de Ciudadanos y PSOE se atrincheraron desde el primer día en el argumento de la unicidad inventada de la idea de España y de la razón constitucional para negarse a pensar cualquier propuesta alternativa a la reclamación soberanista.
El Govern de Puigdemont y la mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP se han recreado en una estrategia asentada sobre un presunto error jurídico: la soberanía del Parlament, para avalar una legislación contraria a la Constitución que permita concluir sus planes unilaterales. Este discurso parte de un desiderátum político muy legítimo y compartido en Catalunya, que la nación catalana debe ser sujeto de soberanía; pero olvida la dura realidad: a día de hoy no la tiene reconocida porque los catalanes han votado sucesivamente una Constitución y dos estatutos que no dicen eso, precisamente. Y además encubre una paradoja: si el Parlament fuera soberano, Catalunya ya sería un Estado.
EN LOS TRIBUNALES Y EN LAS CÁMARAS
La negociación entre dos interlocutores parapetados en errores de naturaleza tan diferente es altamente improbable. Y así ha sucedido. La controversia jurídica se dilucida en los tribunales y el desacuerdo político en las cámaras parlamentarias. Aquí se da la circunstancia de que quien comete un error político quiere ganar su guerra en los tribunales y quien defiende una posición jurídica muy discutible dice pretender solventar el asunto por la vía de la política. Ambas partes renuncian, y muy a menudo descalifican, a la mecánica establecida por referéndum para cambiar el origen del contencioso territorial, al menos el contemporáneo.
En última instancia, los contendientes se remiten a la madre democracia para justificar sus actos. Para el Gobierno central, ser demócrata es respetar el ordenamiento jurídico creado a partir de la voluntad democrática de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes. El independentismo solo ve demócratas en aquellos que quieren votar, aunque sea incumpliendo una ley democrática, porque según ellos ninguna ley democrática puede impedir votar. Alguien está a punto de equivocarse gravemente y existe una gran expectativa para saber quién es.
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