Desobedecer la injusticia

Ahora hace siete años estallaba en Estados Unidos la  burbuja de las hipotecas basura que desencadenó la colosal crisis que estamos viviendo. El sector financiero e inmobiliario se hinchó a ganar billones como un faraón drogado de codicia. Se alimentó una burbuja descomunal que, al estallar a escala global, ha arruinado países enteros, con niveles de deuda, desempleo y pobreza masivos nunca vistos en el capitalismo moderno. Si resucitaran Adam Smith y los primeros liberales, volverían a su tumba.

En España los contribuyentes hemos rescatado a la banca con unos 100.000 millones de euros. Es increíble que todavía bailen las cifras según el organismo que las calcula. Los expertos estiman que, de momento, se pueden recuperar solo 4.000 millones. El Gobierno decidió socializar las pérdidas del sector financiero como algo irremediable. Sin consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no. Sin hacer auditorías de responsabilidad para depurar a los delincuentes y renegar de la deuda que nos han colocado como si fuera nuestra. Tienen razón las voces críticas que denuncian lo que nos ha pasado como una gran estafa.

Islandia se negó a nacionalizar las pérdidas de los bancos y se negó a pagar a los acreedores que hincharon su burbuja. Entró en un nuevo proceso constituyente y ahora, paradójicamente, vuelve a gobernar la derecha. Al menos se han saneado como una democracia decente. Se señaló a los culpables y los inocentes quedaron a salvo. Aquí hemos hecho todo lo contrario, pagando justos por pecadores.

España sigue con una ley hipotecaria cuya lógica se remonta a los años 40 del franquismo, e incluso a los años 20 de Primo de Rivera. Así nos va. El que suscribe una hipoteca no se libera de ella aunque renuncie a su vivienda. Su hipoteca le acompaña como una deuda feudal a lo largo de su vida. Todo un residuo del pasado absolutista que resulta inédito en Europa. Nos habríamos liberado de ese vínculo feudal si se hubiese aprobado la iniciativa legislativa popular que la PAH presentó al Congreso con un millón y medio de firmas. No se aprobó la dación en pago. Ni eso. España es un bastión de la tradición preliberal. Por eso aquí se atropellan tantos derechos de forma autoritaria.

Engordar la deuda pública

El Partido Popular creó un banco malo (Sareb) de gestión semipública, con 100.000 viviendas y terrenos invendibles. Son los tóxicos inmobiliarios que los bancos nos han colocado, eso sí, engordando la deuda pública en 50.000 millones de euros. Cabe recordar que todo este proceso de crisis-estafa hace elevar la deuda pública hasta el billón de euros. Brutal. ¿Podemos los ciudadanos y ciudadanas decidir cómo ha de actuar la Sareb? ¿Podemos decir alguna cosa al respecto? La respuesta es no.

Ahora la Sareb ha cedido el primer bloque de viviendas a la Generalitat para destinarlo a alquiler social. ¿Lo ha hecho por iniciativa propia? No. Es fruto de la reivindicación de la PAH, que, saltándose una legalidad injusta, ocupó el edificio y alojó a familias multidesahuaciadas. En lugar de vender los tóxicos inmobiliarios a fondos buitre, la Sareb ha de presentar un plan de alquiler social para dar una salida más justa a las familias estafadas por una banca irresponsable. Este debiera de ser su mandato y su finalidad. De nuevo, desobedecer la injusticia y los abusos es hacer posible la libertad y la dignidad. Como siempre, a lo largo de la historia.