Derechos de la infancia y presupuestos

Son días frenéticos en el Parlament de Catalunya y los medios de comunicación no dejan de retransmitir la evolución de una de las leyes más importantes del año: la ley de presupuestos. El minuto y resultado cambia a cada momento y a veces puede resultar exasperante si no fuera porque nuestros niños y niñas se juegan tanto.

Porque es en los presupuestos donde una sociedad decide realmente cómo y hacia dónde quiere caminar, pero sobre todo, con quién y para quién. Si bien todas las leyes ofrecen una manera de afrontar una determinada situación, la de presupuestos tiene el poder de insuflar movimiento y hacer que las cosas pasen.

Especialmente en momentos de constricción económica, en que hay que priorizar la asignación de los recursos públicos, los criterios que se utilicen para distribuirlos definirán claramente a quién se deja atrás. Y es en esta decisión donde una sociedad se define por su compromiso real y efectivo con los derechos humanos. Tanto es así que muchos expertos afirman que los derechos humanos no solo se tienen que buscar en las constituciones o convenciones, sino que además hay que encontrarlos reflejados en los presupuestos.

LA SITUACIÓN EMPEORA 

En Catalunya, en los últimos años hemos avanzado mucho en la creación de una estructura de leyes para generar un entorno seguro y favorable para el bienestar de los niños y niñas. Hemos reconocido sus derechos indiscutibles como ciudadanos y hemos diseñado un sistema de servicios y apoyos para asegurar que puedan desarrollarse plenamente.

A pesar de esto, la cifra de 412.000 niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza se nos queda corta para reflejar lo que implica que uno de cada tres niños y niñas disponga de menos recursos de los necesarios para vivir con dignidad. El impacto de ser pobre mientras se es niño va mucho más allá del sufrimiento diario y concreto: se proyecta en el tiempo y configura un futuro con menos oportunidades y más precariedad. Como sociedad, el coste de cortar de raíz los sueños y el potencial de nuestros niños se traduce en más desigualdad y nos hace colectivamente más débiles.

Conformarnos con el indicador macroeconómico que habla de recuperación sería ser injusto con el día a día de estos niños y niñas y sus familias. También sería poco riguroso, porque cuando ponemos la lupa sobre la realidad de la pobreza infantil vemos que la situación de la infancia con menos recursos continúa empeorando: la pobreza severa en la infancia se ha incrementado un 23% entre los años 2013 y 2015.

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En Save the Children tenemos claro que la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en realidad es salvable solo cuando construimos puentes de recursos estables y coherentes con las necesidades sociales. Este puente de recursos tiene que ser el camino que permita a todos los niños y niñas no quedarse atrás, despenalizando el hecho de haber nacido en un hogar con pocos medios económicos y proporcionándoles acceso, en condiciones equitativas, a las oportunidades de desarrollo y participación.

En este sentido, los presupuestos actualmente en discusión, si bien suponen un incremento respecto del año 2015 de los fondos destinados a partidas clave para el bienestar de los niños y las niñas (como protección social, educación y sanidad), no consiguen recuperar los niveles de inversión del año 2010, antes de los recortes. Eso precisamente en un periodo durante el que los indicadores de pobreza infantil se han incrementado de manera más acentuada y las necesidades de la infancia y las familias se han agravado.

UN CICLO PERVERSO QUE HAY QUE REVERTIR

A su vez, el despliegue presupuestario no hace una apuesta clara para recuperar o implantar prestaciones o ayudas específicamente dirigidas a corregir el déficit histórico en materia de protección social y de apoyo a las familias, que nos sitúa a Catalunya muy por detrás de la media europea del 2,2% del PIB.

En un reciente estudio de ámbito europeo, desde Save the Children pusimos de relieve la capacidad que tienen las políticas públicas de protección social para corregir la desigualdad social y revertir el ciclo perverso de la pobreza infantil. Para conseguirlo resulta imprescindible que los presupuestos evidencien, de manera más decidida, el compromiso para situar a la infancia y la garantía efectiva de sus derechos en el corazón de los procesos de asignación de recursos. También hace falta que estos recursos sean suficientes y coherentes con las necesidades de todos los niños y niñas. Unos recursos que, no lo olvidemos, son tan suyos como nuestros.