A quién le importa el consumidor

El Estado español no se distingue precisamente por la defensa de los intereses de los consumidores. Esta semana el precio de la luz se ha disparado a un precio récord de 88 euros por megavatio y hora, un máximo que no alcanzaba desde el 2013, cuando el Gobierno tuvo que suspender los sistemas de subasta al constatar que se habían producido manipulaciones de los precios. Tras el escándalo, el Ejecutivo del PP modificó el anterior sistema por el actual, pero este sigue siendo opaco, poco transparente y sensible a inexplicables vaivenes. Hasta tal punto que los precios han subido precisamente la semana de la ola de frío siberiana. Igual que los combustibles siempre se encarecen dramáticamente antes de un puente o de la operación salida de las vacaciones.

Tras la fuerte reacción ciudadana en contra de la subida del precio de la luz, el ministro de Energía Álvaro Nadal no ha dudado esta semana en añadir más leña al fuego al advertir que el Gobierno estará atento a que "en río revuelto no se produzcan ganancias de pescadores". De esta manera, el Gobierno inocula de nuevo el virus de la sospecha como si no formara parte de sus competencias la regulación del sector energético y como si no conociera Nadal perfectamente quiénes son las empresas que generan y suministran la luz en España. El episodio de esta semana se ha zanjado con la promesa por parte del Gobierno de que se tomarán medidas (sin saber con exactitud cuáles) y con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para aclarar si se ha producido de nuevo manipulación de los precios.

El dramático episodio ha coincidido en el tiempo con la aprobación del decreto del Gobierno para solucionar el desaguisado de las cláusulas suelo, que afecta a 1,5 millones de consumidores en España. En este caso, el Tribunal de Justicia Europeo ha enmendado la plana al Gobierno y al Tribunal Supremo español en una asunto absolutamente elemental. Si una cláusula es abusiva lo es desde el momento en el que se empieza a aplicar, el debate sobre la retroactividad era absurdo. El Supremo debería estar abochornado. 

Sin la presión de los ciudadanos en Europa, el Gobierno español no hubiera movido un dedo para proteger a los consumidores españoles de los abusos, lo que pone de manifiesto que en España las diferentes administraciones del PP y PSOE siguen legislando para contentar a los lobis de poder y no para defender a los ciudadanos y solo actuan cuando la presión en la calle es insoportable. La última ocurrencia del Gobierno es la creación del defensor del ahorrador. Bienvenida sea, pero la responsabilidad ya existe y es del Ejecutivo.