El derecho a la vivienda digna

Gobernamos ciudades diferentes, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet, pero con personas y familias que sufren problemáticas muy parecidas. Las circunstancias hace tiempo que nos han llevado a pensar nuevas maneras de hacer política. El derecho a la vivienda digna y adecuada está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 47 de la Constitución Española) pero queda vulnerado significativamente debido a la crisis financiera. En los últimos años, muchas familias sin trabajo o con un empleo precario y en consecuencia sin ingresos suficientes para poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler se han visto condenadas a procesos traumáticos de pérdida de su casa y, en definitiva, de exclusión social.

El número de desahucios ha sido vergonzoso en nuestro país y se ha convertido en un infierno verdadero para muchas personas. Ante este escenario crítico decidimos trabajar con firmeza y junto a las entidades sociales para cambiar esta situación en nuestras ciudades, siendo conscientes de que nuestra acción sería insuficiente para erradicar el problema de raíz al no disponer de las competencias ni los instrumentos reguladores necesarios para hacer un abordaje global e integral de la problemática.

Antes de que se aprobara la iniciativa legislativa popular que dio lugar a la ley 24/2015, impugnada en parte, posteriormente, por el Gobierno del PP, fuimos los dos ayuntamientos los que exploramos respuestas para hacer frente a esta vergonzosa y desesperante situación. Entre los diferentes instrumentos a nuestro alcance, las sanciones a las entidades financieras con pisos vacíos que vulneraban la función social de la vivienda ha sido una de las primeras medidas de choque que pusimos en marcha. También creamos nuevos programas de carácter social complementarios para evitar la pérdida de la vivienda y/o situaciones de privación, como no poder hacer frente al pago de consumos y de necesidades básicas.

En todo este recorrido queremos agradecer la implicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), del Observatorio DESC, de las entidades sociales y de los equipos humanos y técnicos de nuestros ayuntamientos y otras administraciones que han trabajado con vocación de servicio público para detener los desahucios y combatir la pobreza.

Nos queda mucho trabajo por hacer, necesitamos seguridad jurídica, más recursos y mejores instrumentos y coordinación para optimizarlos, compromiso de las entidades financieras y compañías suministradoras. Debemos planificar nuevas políticas públicas de acceso a la vivienda, más allá de la reacción ante la emergencia residencial. Estas políticas piden una nueva gestión del suelo público residencial diferente, nuevos regímenes de tenencia, facilitar un mejor parque de vivienda social y asequible y garantizar la accesibilidad adecuada a los diferentes momentos vitales.

También consideramos clave el aprovechamiento de los marcos de acción y de incidencia global como la tercera conferencia de Naciones Unidas Habitat 3 sobre vivienda y desarrollo urbano (draft cero de la nueva agenda urbana).

Hemos recorrido un camino en positivo y tenemos fortalezas que nos permitirán encarar una lucha local y a diferentes niveles para una nueva política de vivienda, de lucha contra la pobreza energética y la exclusión.

Los ayuntamientos compartimos la labor realizada conjuntamente con la ciudadanía y la reivindicamos con orgullo pero sin autocomplacencia. Por estos motivos seguiremos tejiendo complicidades en red para ser más fuertes y eficientes a la hora de exigir respuestas a los gobiernos nacionales. Las experiencias recientes del Gobierno del PP impugnando leyes sociales ante el Tribunal Constitucional como la 24/2015 dejan claramente en evidencia la incompetencia política ante la necesidad de encontrar soluciones para combatir el crecimiento exponencial de las desigualdades.

No planteamos ninguna revolución utópica sino simplemente reclamamos justicia social y decencia, e intentamos trabajar en esta dirección sin olvidar que la política debe estar siempre al servicio de las personas. Esto no es una frase hecha, sino que es la realidad de la acción de proximidad de nuestros gobiernos municipales hacia la ciudadanía. Esta lección se aprende día a día en los ayuntamientos y los electos tenemos el deber y también el honor de construir y reivindicar una nueva praxis política para nuestro país.