La «democratización» de la pobreza

Este verano el Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya de la Sindicatura de Greuges causó un gran impacto al revelar la existencia de algunas situaciones muy graves, siendo la más llamativa la que afecta a casi 50.000 menores de 16 años privados de una alimentación semanal suficiente en proteínas en una etapa clave de su desarrollo. El conseller de Salut, Boi Ruiz, negó rotundamente que haya niños malnutridos por razones económicas, y calificó el informe de poco científico, pues «para decidir si hay personas malnutridas, no vale una encuesta», protestó. Pero hay que decir que se trata de la prestigiosa Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població a Catalunya, realizada cada cinco años por el Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, de la que se ha extraído un valioso estudio sobre el impacto social de la crisis (revista Papers), a cargo del profesor Sebastià Sarasa, cuyas conclusiones deberían ser de obligada lectura.

ES NECESARIO subrayar que estamos sufriendo una crisis sin precedentes con unos impactos sociales que hace solo unos años no podíamos imaginar. Los menores de edad son uno de los grupos más afectados, víctimas de la escasa protección pública que tiene la infancia, pues en situaciones de dificultad depende de las prestaciones que reciben sus padres o tutores. El paro de larga duración reduce o elimina la cuantía de los subsidios, y la rotación de muchos trabajadores en ocupaciones precarias limita la obtención de las ayudas. Uno de los datos más punzantes es el crecimiento del riesgo de pobreza extrema, que entre el 2006 y el 2011 se ha duplicado, alcanzando al 7,7% de la población. Hoy, más de 235.000 catalanes en paro no reciben ningún tipo de prestación y la mitad de los parados solo perciben 426 euros. La modificación que hizo el Govern de CiU en el 2011 sobre el decreto de percepción de la renta mínima de inserción no garantiza, por ejemplo, que tener hijos menores sea una condición suficiente, de manera que muchos niños han dejado de ser receptores indirectos de esta ayuda. Haría bien el conseller Ruiz en leer a fondo dicho trabajo antes de descalificar el informe del síndic, Rafel Ribó. Asímismo, el conjunto del Govern, empezando por la Conselleria de Benestar, debería atender las recomendaciones de la Sindicatura para mejorar la actuación de las administraciones en tres frentes: solventar los déficits en las ayudas para comedores escolares, garantizar la alimentación adecuada de los menores en periodos vacacionales y mejorar los mecanismos de detección de la malnutrición infantil.

Quien crea que el drama de la pobreza infantil afecta solo a sectores marginales de la sociedad se equivoca. El economista Joan Trullén, director de la encuesta, nos recordaba hasta qué punto el tránsito de los países industriales hacia una economía posindustrial mundializada está acrecentando la polarización social y adelgazando los estratos de renta intermedios. El impacto de la crisis refuerza esta tendencia histórica y es particularmente grave en España y en el sur de Europa, donde se ha producido un triple cambio: en la estructura ocupacional, en el riesgo de desempleo y en la distribución de salarios. Por un lado, la innovación tecnológica provoca una polarización entre ocupaciones gerenciales y profesionales cualificadas frente a una masa de nuevos proletarios de los servicios con contratos temporales y mal retribuidos. Por otro, el riesgo de desempleo se extiende a todas las clases sociales, y los salarios sufren una fuerte caída general, sobre todo entre las ocupaciones intermedias mejor retribuidas, pero también los sueldos más bajos de la clase trabajadora, creando un nuevo grupo de asalariados pobres.

EL RESULTADO global es que aumenta la desigualdad de renta y que la pobreza, aunque con sesgo clasista, sobre todo la crónica, se extiende entre todos los sectores sociales. Se «democratiza», como avanzó el sociólogo Ulrich Beck. En Catalunya, entre el 2006 y el 2011 la pobreza ha aumentado porcentualmente mucho más entre directivos y profesionales de rango medio, pequeños empresarios, administrativos cualificados o supervisores, que entre trabajadores semicualificados de servicios o industria. La crisis ha «democratizado» la composición clasista de la pobreza hasta el punto de que hoy el 33% de los catalanes sufre algún tipo de privación. El drama de la malnutrición infantil es solo la punta del iceberg de los efectos de una transformación estructural que extiende la desigualdad entre las capas medias. Todo esto debería llevarnos a tomar decisiones estratégicas en política económica y fiscal. Necesitamos una sólida base industrial y establecer  una nueva fiscalidad para que, tras la sacudida de la crisis, podamos redistribuir el aumento de la renta.