Del mantra al vudú

Tres reflexiones iniciales para fijar el tema. Por un lado, mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos (fonemas, palabras o grupos de palabras) que, según algunas creencias, tienen un poder psicológico o espiritual. El término también se utiliza como figura retórica para subrayar la tendencia del sujeto a la repetición neurótica con el fin de fijar y reforzar un pensamiento circular. Por otro lado, el vudú es una religión animista practicada en Haití (y en Cuba con la variante de la santería, o en Brasil con el candomblé) que se basa en hechizos repetitivos, con la esperanza de que al final «algo suceda», pero como no pasa nada hay que repetir la sesión sin cesar. Y en tercer lugar, el paso del tiempo y su valor relativo.

APLICADO este tercer asunto al llamado proceso soberanista, a alguna gente le parece que empezó hace mucho tiempo, o quizá es que se le está haciendo todo muy largo. En otras palabras, después de las prestaciones del Congreso de los Diputados hace dos semanas, y de su réplica en el Parlament al día siguiente, mucha gente empieza a tener la sensación de que estamos en pleno día de la marmota. Los argumentos de unos y otros se repiten sin pausa pero sin prisa, todos invocan una voluntad de diálogo directamente proporcional a la inmovilidad de las posiciones respectivas. Y al final, ¿qué? Dicho de otra manera, estamos cada vez más entre el mantra y el vudú. Si vamos repitiendo conceptos y vamos reiterando hechizos, al final «algo sucederá». O no.

Por ejemplo, en el Parlament el president Mas volvió a reiterar lo obvio. Según los expertos del Consell Assessor per a la Transició Nacional, hay cinco vías legales para la consulta. Que se reducen a una: puede haber consulta si hay pacto, un acuerdo negociado con el Estado, y ya sabemos que no lo habrá porque los votos del Congreso no cambiarán. Quedan entonces las famosas «elecciones plebiscitarias», que, según dijo el president recientemente al diario francés Le Figaro, son el escenario más probable. Su convocatoria es competencia del president de la Generalitat, y por tanto es legal. Pero son elecciones al Parlament de Catalunya, y algunos partidos las considerarán plebiscitarias (y así lo dirán en sus programas), y otros no.

De modo que habrá que esperar a los resultados, y entonces ¿qué? No gran cosa, porque el president ha dicho por activa y por pasiva que no habrá declaración unilateral de independencia. El conseller Homs ha insistido: «La consulta se hará, por descontado, en el marco de la legislación vigente» (sic). El socio de coalición (Unió) todavía ha sido más tajante. Y menos ERC, los demás partidos no parecen estar por el tema. Y entonces sale de nuevo el tema de una supuesta «legalidad internacional» que Mas invoca con tono misterioso y el Consell Assessor per a la Transició Nacional expone varias razones -de nula consistencia con el Tratado de la UE- por las que... el Govern no puede garantizar nada. Y Bruselas vuelve a repetir que, separada de España, Catalunya de entrada queda fuera de la Unión a todos los efectos.

Este bucle ya lo vivimos en septiembre del 2012: manifestación multitudinaria de la Diada; el president bajando a la plaza de Sant Jaume, donde un curioso parterre de intelectuales le esperaba, y largos meses de invocaciones: «Acudiremos a instancias internacionales». Luego, las elecciones anticipadas de noviembre del 2012 y el descalabro del candidato Mas y su campaña electoral hiperpersonalizada, y así hasta la Diada del 2013, el éxito de la cadena humana y de nuevo el bucle del mantra de «habrá consulta el 9 de noviembre».

HAGAMOS balance: en los próximos 20 meses habrá elecciones europeas (por cierto, ¿y la candidatura única soberanista?, ¿y su programa unitario?), elecciones municipales y elecciones generales, y mientras, «elecciones plebiscitarias» en Catalunya. Todo esto impulsa a los partidos a competir, no a fusiones, programas únicos o soberanismos liderados por un líder aceptado solo por su propio partido. Y todo esto, para sonrojo del Parlament, sin ley electoral de Catalunya (la única de las 17 comunidades autónomas que no la tiene), sin junta electoral propia para organizar la consulta, sin disponer del censo y sin ley de consultas, que no llegará casi ni a publicarse porque será recurrida y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Eso no hace mejor a la otra parte. El espectáculo del Congreso fue la otra cara de la moneda, una pobre reedición del «España una y no 51», con Rosa Díez en el papel de policía malo, Rubalcaba de policía federalista, y Rajoy de policía aburrido. Hay un problema de fondo, pero el instrumento para resolverlo es su principal obstáculo: una clase política ensimismada, fragmentada, centrada en la competición por su cuota de poder institucional.