El 'cuponazo' vasco

El generoso cupo vasco quizás permita al PP terminar la legislatura salvando las cuentas de este año y del 2018, pero lo que es seguro es que ha dinamitado cualquier intento de reformar la financiación autonómica apelando a los principios de solidaridad y nivelación de ingresos entre regiones. El cupo permite que Euskadi pague un cheque por los servicios que le presta el Estado como puede ser la defensa o la representación exterior y se quede el resto decidiendo qué impuestos aplica a sus ciudadanos. Las otras comunidades comunidades funcionan a la inversa, es el Estado el que recauda y les ingresa lo que cree que les corresponde. El pacto firmado entre el PNV y el Gobierno de Mariano Rajoy es extremadamente generoso con la devolución de 1.400 millones del Estado a Euskadi y con un cálculo provisional para este año de 956 millones que servirá de base para el futuro quinquenio.

El cupo está contemplado en la Constitución, hábiles fueron los vascos (y no los catalanes) a la hora de reivindicarlo y conseguirlo. Pero lo que no está en la Constitución es que se negocie al margen de los acuerdos de financiación del resto de las autonomías, sin tener en cuenta los principios de solidaridad y equilibrio territorial que asumen el resto, ni que sus cálculos sean opacos y arbitrarios. Según cálculos de Fedea, si el cupo se calculara de forma correcta, el País Vasco contaría con 4.500 millones menos, que estarían en manos de la caja común. La financiación en el País Vasco alcanza los 4.292 euros per cápita y la media apenas supera los 2.000 euros, de manera que este territorio está sobrefinanciado.

El pasado mes de febrero se constituyó formalmente una comisión de 20 expertos que debe elaborar un informe técnico para la reforma de la financiación autonómica. Un melón que no se ha querido abrir durante toda la crisis que se inició en el 2007, entre otras cosas porque no había dinero. Es cierto que en esta comisión no están representadas las comunidades forales del País Vasco y de Navarra, por contar con un régimen propio de financiación. Pero el pacto unilateral que ha suscrito Euskadi con el Gobierno tendrá consecuencias en la negociación de la financiación del resto de las autonomías. La fotografía de los expertos con el ministro Cristóbal Montoro y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría resulta ahora más ridícula que solemne. No se trata de que el País Vasco entre en el régimen general como el resto de comunidades. Pero sí que de las negociaciones se deriven acuerdos justos y no chantajes a cambio de cinco votos. Ya lo dijo Miquel Iceta, "cupo sí, cuponazo, no".