Cumplir con el Estatut de Catalunya no es moneda de cambio

JOSE RODRÍGUEZ

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Hace unos años que el Tribunal Constitucional sentenció que el Estatut del 2006 era puenteable, opcional y que el Congreso podría decidir no hacerle caso e invertir lo que le diera gana y no lo que estaba pactado en él. Esa sentencia dejaba el acuerdo firmado por el Congreso de los Diputados y refrendado por la ciudadanía de Catalunya en puro papel mojado.

Después de la sentencia, el Estatut en cuanto a las inversiones en Catalunya es tan solo un conjunto de buenas intenciones sin valor legal alguno. En cuanto a su espíritu debería seguir vigente: el Congreso de los Diputados y la ciudadanía de Catalunya llegamos al acuerdo que nuestro país requería un nivel de inversión adecuado a su población y actividad económica.

Decidir aplicar las inversiones que refleja el Estatut de Catalunya, es una cuestión de voluntad política y de como un gobierno afronta su ética del poder. Si prefiere cumplir con los compromisos o bien decide cumplir el pacto que hizo la clase política española con el pueblo de Catalunya en el 2006 o bien prefiere hacer caso omiso de ese compromiso y obrar como él quiera. Es una cuestión de ética política. Ni más ni menos.

Pedro Sánchez está ofreciendo a ERC y CDC cumplir con las inversiones que aparecen en el Estatut de Catalunya de 2006 a cambio de facilitar su investidura. Es un ofrecimiento pobre, ruín e incluso absurdo. Pedro Sánchez debe decirnos si él es un político que va a cumplir los compromisos del Estatut o no los cumplirá independientemente de apoyos a su investidura o no. A menos que según él, los textos acordados entre los pueblos y los parlamentos, como los estatutos de acutonomía, son objeto de mercadeo.

Creo que ERC o CDC no tendrían que aceptar que estos compromiso como moneda de cambio para un apoyo a una investidura o no. No creo que sea una elección programática, sino ética, del posible gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez, y creo que las elecciones éticas no deben ser objeto de negociación política.

En todo caso, en pleno proceso soberanista, donde los independentistas son los que tienen más incentivos en considerar si los acuerdos constitucionales son soslayables o no, que los primeros en saltárselos sean los partidos “constitucionalistas” no deja de ser paradójico.