Cuando la prisa no es buena consejera

A un mes y medio de la anunciada celebración de la consulta del 1 de octubre, se hace evidente que los partidos independentistas han preferido acortar al máximo los plazos legales para evitar (¿infructuosamente?) su suspensión por parte del Gobierno central , a pesar de que esto ponga en riesgo el éxito de la consulta.

Se conoce el entramado legal que debe dar cobijo al 1-O gracias a filtraciones en prensa, pero no se sabe en qué momento se iniciará el procedimiento que debe hacerlo efectivo. Es más, la única pieza de este entramado que ha sido aprobada por el Parlament (la reforma del reglamento del propio Parlament que debería garantizar la aprobación por la vía de urgencia de la "ley del referéndum de autodeterminación") ha sido recurrida por el Gobierno central y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Precisamente, la sospecha de que cualquier iniciativa que tome el Gobierno de la Generalitat o la mayoría independentista en el Parlament será recurrida y suspendida es la que hace que, a 50 días del 1-O, lo más importante en el ámbito legislativo sigue pendiente. Sin fecha para la aprobación de la ley que debe dar cobertura legal al "referéndum de autodeterminación", todo el proceso administrativo que debe llevar a la celebración efectiva de la consulta queda en el aire: la redacción y publicación del decreto de convocatoria y del "decreto de normas complementarias" y la constitución de la "sindicatura electoral", además de elementos más prosaicos como la confección de las papeletas, la compra o alquiler de las urnas y el establecimiento de los locales de votación.

El objetivo de los partidos independentistas de aprobar todo el aparato legal y administrativo en pocos días (o en cuestión de horas) para esquivar su suspensión puede terminar por debilitar la iniciativa. Por un lado, por la propia naturaleza legal del instrumento. Por otro, por el apoyo político que tenga detrás.

Sin posibilidad de presentar enmiendas

Tal y como está planteada, la aprobación de las leyes que deben permitir el 1-O cojea. Y no sólo por su encaje en el marco legal vigente (que el proyecto de ley filtrado destierra con una sola frase). La debilidad les viene por la manera en que se prevé que serán aprobadas, a toda prisa y sin posibilidad de presentación de enmiendas por parte de la oposición, gracias a una modificación del reglamento, censurada por el Consell de Garanties Estatutàries por unanimidad. La excepcionalidad que proclama la "ley del referéndum" (artículo 3.2) no suele ser buena a la hora de legislar, y casi siempre termina llevándose por delante las garantías democráticas.

Una de estas garantías es la participación de la minoría en el proceso legislativo, que en este caso se limitaría a un tiempo de debate limitado y acotado, puramente retórico. Esta es la segunda pata que hace cojear todo el proceso del 1-O, ya que hace imposible el apoyo de partidos que no sean los independentistas (principalmente, los ‘comuns’). Sin la concurrencia de estas fuerzas (y de sus votantes) el 1-O corre el riesgo de convocar solo los partidarios de la independencia, abriendo la posibilidad de una participación final por debajo del 50%.