Hasta ahora cuando hablábamos de la discriminación salarial que sufrimos las mujeres, en el subconsciente permanece la idea de que esta discriminación es consustancial a la fisonomía de las ocupaciones y estructuras salariales del sector privado. En cambio, en el sector público, las administraciones públicas, todo apuntaba a que estaban libres de esta discriminación. Esta afirmación se desploma en un país muy cercano: el Reino Unido, concretamente en el Ayuntamiento de Birmingham.
Allí 174 trabajadoras del ayuntamiento han conseguido, por fin, el reconocimiento de una reivindicación de discriminación retributiva. Las trabajadoras tenían en principio, y a simple vista, la misma retribución que el resto de sus compañeros en función de su categoría, pero en la práctica ellas no gozaban de la misma estructura retributiva. Este hecho producía una considerable pérdida de su poder adquisitivo y una discriminación real por cuestión de género en la administración pública. Concretamente, no percibían las pagas extraordinarias, a diferencia de lo que percibían sus compañeros, lo que, prácticamente doblaba el salario establecido.
El Tribunal Supremo del Reino Unido les ha dado la razón en una sentencia que abre vías para la reclamación a otras mujeres en una situación similar. De hecho, una vez más hablamos de doble rasero en el establecimiento de categorías profesionales. Las categorías masculinas: barrenderos, trabajos en obras públicas, enterrador... Las categorías femeninas: cocineras, limpiadoras, encargadas de mantenimiento y cuidadoras... clara evidencia del eufemismo con que se construye la discriminación.
Según el dictamen del tribunal, las trabajadoras recibirán del Ayuntamiento una cifra importante y que engloba las pagas no percibidas por las 174 mujeres: 2,4 millones de euros.
Las mujeres debemos felicitarnos por esta sentencia porque, muy seguramente estamos ante una sentencia paradigmática, no solo para ellas, las compañeras trabajadoras de la administración pública inglesa, sino también para el conjunto de las empleadas públicas, con la seguridad que comportará un efecto llamada para el resto de países y administraciones públicas.