Cristóbal, fiera, cuidadín...

Cristóbal Montoro juega con fuego. Como aquel novio que no deja de controlar a su novia y que, al final, lo pierde todo, a Montoro sólo le falta pedir al Conseller de Economía Andreu Mas-Colell las claves de acceso a la Linia Oberta de las cuentas del Govern y una tarjeta -no sé si black o no- para controlar cualquier movimiento del gobierno catalán.

El ministro está obsesionado en computar los 1.300 millones de deuda diferida contraída por la Generalitat antes del 2013, dinero que el tripartito usó para construir nuevas carreteras y centros penitenciarios de la única manera que tenía para hacer nuevas construcciones. Nada extraño ni poco usual. Los precursores en esta forma de pago, algo parecido al leasing de las empresas, fueron precisamente los países europeos más avanzados económicamente. La colaboración público-privada que tanto ha ayudado al progreso de España.

Catalunya no es la única administración que ha usado esta herramienta de financiación de obra pública. Muy lejos de los 1.300 millones que Montoro quiere computar como sea al ejercicio actual catalán, el Gobierno español aún debe, como mínimo, a través de esta fórmula, casi 34.000 millones de euros. El AVE, que provoca tanto orgullo español y que sitúa al Estado en el tercer puesto del mundo con más kilómetros de Alta Velocidad, a través de la empresa pública ADIF, tiene una deuda de 25.800 euros, de los 50.000 que, en todos estos años, el Estado ha invertido a cambio de un puñado de votos en municipios como Tardienta  -1.005 habitantes- o Villanueva de Córdoba -9.226 habitantes-.

El departamento de Montoro debe entre 6.000 y 8.000 millones de euros más por culpa de las radiales de Madrid y otros tantos aún no contabilizados que corresponden al proyecto Castor. Si el Eurostat obliga a España a contabilizar toda esta deuda pública diferida, la amenaza de quiebra del Estado volverá a asomar la cabeza. Teniendo en cuenta que los proyectos radiales y el Castor han tenido que ser rescatados por el Gobierno central, me temo que lo que tiene Montoro es una pizca de envidia de que en Catalunya los proyectos, a diferencia de los planteados desde Madrid, funcionen y tengan utilidad pública.

Lo que ha pasado en Catalunya esta semana es inaudito. Más allá de la sensibilidad del material con el que se está jugando, la situación política hace que, de una cuestión que debiera sacar a la calle cogidos de la mano a todos los partidos políticos, se acabe haciendo partidismo. ¿Alguien duda de que en el País Vasco, en caso de padecer un atentado así a su autogobierno y sus finanzas que, al final, son las que permiten el pago a los proveedores y los funcionarios, no saldrían todos a la calle al unísono a reivindicar lo que es suyo? Incluso los del PP se sumarían a nacionalistas, socialistas y abertzales para reclamar respeto. Como catalanes, nos queda mucho por hacer.